

La Agencia Tributaria ha activado nuevas medidas para vigilar más de cerca los movimientos en efectivo. Una acción cotidiana para muchos ciudadanos, como retirar dinero del cajero, puede ahora convertirse en el origen de una investigación fiscal si no se cuenta con la documentación adecuada que justifique su uso.
Las autoridades buscan frenar el fraude fiscal, la economía sumergida y el blanqueo de capitales. Por eso, las operaciones en efectivo -especialmente aquellas que superen ciertos límites o se repitan con frecuencia- son motivo de seguimiento.
Las sanciones pueden llegar a los 150.000 euros si Hacienda determina que hay ocultación de ingresos o falta de justificación.
¿Qué operaciones pueden activar una investigación de Hacienda?
Los bancos están obligados a notificar a la Agencia Tributaria cualquier ingreso o retirada superior a los 3000 euros. Este umbral no solo se aplica a grandes transacciones ocasionales; también entran en la mira las operaciones recurrentes por importes menores que, en conjunto, puedan levantar sospechas.

Hacienda puede iniciar una inspección si considera que el patrón de comportamiento bancario no se corresponde con la actividad económica declarada.
Además, las sanciones no se limitan a simples advertencias. Si el contribuyente no puede justificar con facturas, contratos o documentos oficiales el origen o destino del efectivo, las multas pueden alcanzar hasta un 150% del importe considerado irregular.
Estas medidas buscan cerrar el paso a posibles prácticas fraudulentas, aunque afectan también a usuarios con conductas financieras legítimas, pero poco documentadas.
¿Cuándo es obligatorio presentar el formulario S1 y qué riesgos conlleva no hacerlo?
Cuando el dinero en efectivo transportado o gestionado alcanza o supera los 100.000 euros, la ley exige declarar el movimiento mediante el formulario S1.

Este documento debe presentarse ante la Agencia Tributaria antes de realizar la operación y aplica tanto a movimientos dentro del país como a entradas o salidas de dinero en frontera. La omisión de este trámite puede ser interpretada como intento de ocultamiento de capitales.
El formulario no solo protege frente a sanciones, sino que sirve como prueba preventiva en caso de inspecciones. Por ejemplo, si una persona justifica que ha retirado una elevada suma para comprar un coche o realizar reformas, evitará consecuencias legales.
En cambio, si no presenta el S1 y no puede probar el destino del dinero, podría enfrentarse a cargos por blanqueo, además de perder ayudas o prestaciones del Estado si percibe alguna.












