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El mercado del alquiler ha estado bajo el foco durante años debido al aumento de la oferta turística ilegal y su impacto en los vecindarios. Las autoridades han reforzado inspecciones y regulaciones para evitar que los pisos para residentes se transformen en alojamientos destinados a turistas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha revelado un dato sorprendente: hasta un 71% de los pisos turísticos sin licencia en la ciudad se anuncian como alquileres de temporada, una estrategia que añade complejidad a su detección y sanción efectiva.
Por qué se ocultan los pisos turísticos
Estas viviendas se promocionan como alquileres temporales a medio plazo, evitando explícitamente el término "turístico", lo que les permite burlar los controles diseñados para los alojamientos vacacionales.
Esta práctica encubre su verdadera finalidad y hace difícil a las plataformas y autoridades identificarlas como ilegales. El ayuntamiento contabiliza más de 350 casos nuevos de pisos sin licencia cada mes, detectados mediante análisis de anuncios digitales y revisiones in situ.
Este fraude de etiquetado implica que muchos operadores evaden los registros oficiales exigidos desde el 1 de julio de 2025, cuando se puso en marcha el registro único de alquiler turístico.
Impacto en el control y en los barrios
La ocultación bajo contratos de temporada diluye la eficacia de la normativa actual. A pesar de que el 63,7% de los barceloneses considera que los alojamientos turísticos generan molestias significativas en sus barrios, menos de la mitad de los pisos detectados figuran como registrados.
Desde julio ha revisado unos 21000 anuncios y ha identificado más de 360 viviendas sin licencia, activando sanciones que oscilan entre los 3000 y los 60.000 euros, y exigiendo a las plataformas digitales que retiren los anuncios fraudulentos con rapidez.
Qué reformas y medidas ha tomado el Gobierno
Desde el 1 de julio de 2025 funciona el registro único digital para pisos turísticos, que otorga un código identificativo obligatorio a cada vivienda turística. Las plataformas como Airbnb o Booking están obligadas a mostrar esa referencia, y eliminar cualquier anuncio que no la incluya.
El Ministerio de Consumo ha logrado retirar más de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, así como identificar otros 54.728 sin registro, lo cual ha fortalecido el marco legal de vigilancia sobre el mercado del alquiler turístico.
El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, advierte que, sin control efectivo por parte de los ayuntamientos, las ciudades corren el riesgo de convertirse en auténticos "parques temáticos", sacrificando calidad de vida y vivienda accesible para sus habitantes.
Qué deben saber los vecinos y posibles inquilinos
Que un 71% de los pisos ilegales llamados turísticos se anuncian como alquileres de temporada, lo que dificulta su detección inmediata por parte de residentes y autoridades.
Que las denuncias ciudadanas y plataformas como la impulsada por la CUP han identificado 323 viviendas sin licencia solo en Cataluña, de las cuales 62% se encuentran en Barcelona.
Que el nuevo registro obligatorio y los operativos de inspección han convertido en ilegibles muchos anuncios, presionando a propietarios y plataformas a dejar de operar al margen de la normativa.
Que las sanciones pueden ser duras: propietarios y anunciantes pueden enfrentarse a multas importantes y eliminación inmediata de anuncios. La vigilancia digital y el análisis legal conviven para intentar frenar la expansión de este modelo ilegal.
El uso de contratos de temporada para disfrazar alquileres vacacionales ilegales se ha convertido en una estrategia común. La respuesta institucional está en marcha, pero el éxito depende también de la colaboración ciudadana y la atención constante para defender el derecho a la vivienda y preservar la habitabilidad urbana.
