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Los sindicatos de la enseñanza pública reclaman al Gobierno acelerar la tramitación de la nueva ley educativa que prevé reducir el número de estudiantes por aula y modificar la jornada docente.
Aunque consideran que el proyecto presenta avances, advierten que el texto actual resulta limitado y piden ampliar su alcance para mejorar de forma estructural el sistema educativo.
La Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario se reunió este jueves con el Ministerio de Educación para analizar el último borrador del anteproyecto, que aún debe recibir aprobación del Consejo de Ministros antes de iniciar su trámite parlamentario.
El proyecto establece un máximo de 22 alumnos por aula en segundo ciclo de Infantil y Primaria y 25 estudiantes en Secundaria, una medida que el Gobierno plantea aplicar de manera progresiva hasta el curso 2031-2032. Las organizaciones sindicales reconocen el avance, pero sostienen que el calendario de implementación resulta demasiado lento.
¿Por qué los sindicatos consideran que la reforma es insuficiente?
Diversas organizaciones docentes coinciden en que el proyecto incorpora mejoras, aunque subrayan que la reforma no aborda con suficiente profundidad los problemas estructurales del sistema educativo.
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El sindicato STES-Intersindical calificó las medidas como “tibias mejoras a coste cero” y sostuvo que la reducción de ratios no responde a una apuesta real por la calidad educativa.
Según esta organización, la propuesta se limita a acompañar el descenso de la natalidad que ya provoca menos alumnos en las aulas, sin un aumento significativo del presupuesto educativo.
En la misma línea, Comisiones Obreras pidió introducir cambios urgentes recomendados por el Consejo Escolar del Estado. Entre ellos figura que todo el alumnado con necesidades educativas cuente doble en el cálculo de ratios, y no únicamente los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, como contempla el anteproyecto actual.
Los sindicatos también advierten que, sin un incremento real de plantillas docentes, cualquier mejora en las condiciones laborales podría afectar la atención a la diversidad en las aulas. Por esa razón reclaman más personal de apoyo y refuerzos en los centros educativos.
¿Qué cambios reclaman los docentes para la ley educativa?
El sector educativo exige que la reforma se convierta en el primer paso hacia un Estatuto Docente integral que regule condiciones laborales, derechos profesionales y responsabilidades del profesorado.
La Unión General de Trabajadores considera positivo que la ley continúe su trámite parlamentario, aunque insiste en que las negociaciones deben seguir abiertas.
El sindicato también expresó preocupación por la paralización de algunos grupos de trabajo que analizan el acceso a la profesión docente, el período de prácticas y la formación permanente.
Otro de los puntos centrales del debate se refiere a la reducción de la jornada lectiva.
El anteproyecto plantea un máximo de 23 horas semanales en Primaria y 18 horas en Secundaria, aunque varias comunidades autónomas pidieron conocer el coste económico de esta medida antes de respaldarla.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que representa a centros concertados, solicitó que esta reducción también se aplique al profesorado de la educación concertada.
Además, las organizaciones educativas reclaman extender la reducción de ratios a otros niveles como la educación infantil temprana, la formación profesional, la educación especial y la enseñanza de adultos.
Mientras el Gobierno busca aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros para enviarlo al Congreso, el debate político ya anticipa tensiones con varias comunidades autónomas que cuestionan el calendario de aplicación de la norma.
Los sindicatos, por su parte, advierten que mantendrán la presión para que la ley garantice mejoras reales y obligue a todas las regiones a cumplirlas sin excepciones.