

El Ejecutivo español impulsa una reforma clave en la Ley de la Función Pública que modifica sustancialmente el régimen disciplinario para los empleados estatales.
Una de las novedades más relevantes es la ampliación de las sanciones por faltas leves, que ahora podrían acarrear suspensiones de hasta 30 días sin empleo ni sueldo ante reiteradas llegadas tarde injustificadas.
El proyecto presentado por el PSOE mediante una serie de enmiendas legislativas busca reforzar el compromiso laboral dentro de la Administración Pública.
Aunque la iniciativa contempla otras medidas de modernización, como la recuperación de la jubilación parcial, el foco principal está puesto en la puntualidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales.
¿Por qué se considera necesaria esta medida?
Desde el Gobierno argumentan que el objetivo es mejorar el funcionamiento del sector público y garantizar que el tiempo laboral se utilice de forma eficiente.

Las autoridades aseguran que estas sanciones permitirán combatir conductas que, aunque menores, afectan la calidad del servicio y generan desigualdades entre los trabajadores que cumplen y quienes no respetan los horarios establecidos.
El nuevo enfoque también pretende fomentar una mayor responsabilidad individual dentro de la administración. La medida, explican sus impulsores, no apunta a castigar de forma indiscriminada, sino a crear condiciones más exigentes en función de las expectativas crecientes que enfrentan las instituciones públicas frente a la ciudadanía.
¿Quiénes pueden verse afectados por las nuevas sanciones?
Cualquier empleado público que incurra de forma reiterada en llegadas tarde sin justificación podría recibir una suspensión de hasta un mes.
Las enmiendas presentadas al proyecto de ley también aclaran que se considerará reincidente al trabajador que incurra en más de una infracción similar dentro del mismo año.

Además de las demorasinjustificadas, el texto incorpora un listado de conductas que serán consideradas faltas leves: la falta de asistencia durante un día sin causa válida, el incumplimiento de plazos no graves o el descuido en el ejercicio de funciones, entre otras.
En todos los casos, las autoridades laborales podrán iniciar un expediente disciplinario que derivará en sanciones proporcionales al comportamiento detectado.












