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La actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) en España para 2026 ya impacta de forma directa en el empleo doméstico, uno de los sectores con mayor presencia de contratos por horas.
La nueva referencia fija un piso salarial más alto que redefine cuánto deben cobrar quienes realizan tareas de limpieza en hogares particulares.
El incremento, del 3,1% respecto a 2025, no solo ajusta los ingresos, sino que también refuerza la protección laboral en un ámbito donde predominan las jornadas parciales y la prestación de servicios en múltiples domicilios.
¿Cuánto se paga la hora de limpieza en 2026?
Desde enero de 2026, el precio mínimo legal por hora para empleadas del hogar en régimen externo se estableció en 9,55 euros por hora trabajada. Esta cifra incluye todos los conceptos salariales obligatorios, como la parte proporcional de pagas extra y vacaciones.
El aumento supone una suba de 29 céntimos respecto a 2025, cuando la hora se situaba en 9,26 euros. Aunque la diferencia por hora puede parecer moderada, el impacto acumulado a lo largo del año resulta significativo, sobre todo en quienes trabajan varias jornadas semanales.
En términos prácticos, una trabajadora que cumpla unas 20 horas semanales puede percibir más de 300 euros brutos adicionales al año, dependiendo de la organización del trabajo y la cantidad de horas efectivamente realizadas.
¿Qué cambia con la subida del SMI en este sector?
El nuevo SMI, fijado en 1221 euros mensuales en 14 pagas (o 17.094 euros brutos anuales), actúa como referencia obligatoria para todas las relaciones laborales, incluido el servicio doméstico.
Esto implica que ningún acuerdo puede situarse por debajo de ese umbral, ni siquiera en contratos informales o por horas.
Además, la normativa establece que el salario debe abonarse íntegramente en dinero. Elementos como alojamiento o comida, habituales en el régimen interno, no pueden utilizarse para reducir el salario por debajo del mínimo legal, lo que refuerza la garantía de ingresos reales.
Otro punto clave es el carácter retroactivo de la medida. Aunque la subida se aprobó en febrero, tiene efecto desde el 1 de enero de 2026, por lo que las trabajadoras pueden reclamar diferencias salariales si no se aplicó correctamente desde comienzos de año.
Este aspecto consolida el SMI como herramienta central de protección en un sector históricamente vulnerable.