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El efectivo sigue siendo una herramienta clave en la vida de millones de españoles, especialmente en zonas rurales y entre personas mayores. Sin embargo, la forma de interactuar con los cajeros automáticos está a punto de sufrir una revolución que busca romper barreras tecnológicas y físicas.
A partir del 28 de junio, entra en vigor la Ley 11/2023, que adapta una directiva europea para convertir todos los cajeros automáticos nuevos en dispositivos integrales y accesibles.
El objetivo es claro es que cualquier persona, de forma independente de su nivel visual, auditivo o cognitivo, pueda usar estas máquinas con plena autonomía.
Qué cambiará en los cajeros automáticos
Los nuevos cajeros automáticos deberán contar con pantallas de alto contraste, tipografía ampliada y menús simplificados para facilitar la lectura. Además, se incorporarán audioguías vía auriculares, que ofrecerán instrucciones verbales para usuarios con discapacidad visual.
Asimismo, los terminales incluirán botones en relieve y teclados en braille, junto a sistemas de navegación táctil. También se ajustará la altura para garantizar su uso desde una silla de ruedas.
Estas mejoras no solo benefician a personas con discapacidad, sino también a usuarios mayores o con poca experiencia digital.
Qué sucederá con los cajeros automáticos ya instalados
No todos los terminales se renovarán de golpe. Los cajeros ya existentes tendrán un periodo transitorio hasta el 29 de junio de 2030, siempre que hayan sido instalados hace menos de 10 años.
Este plazo permite una transición progresiva, evitando un despliegue abrupto y costoso para las entidades bancarias. Se estima que la adaptación de cada máquina puede costar entre 1500 y 3000 euros, según su configuración actual.
Los bancos también están obligados a informar claramente a sus clientes sobre qué cajeros ya cumplen la normativa y cuáles están en proceso de renovación.
Accesibilidad como estándar de servicio
Esta reforma no se limita a los cajeros: es parte de un marco normativo más amplio que obliga a entidades financieras, tiendas online, aseguradoras y servicios públicos a garantizar la accesibilidad universal.
Las entidades bancarias pueden sufrir sanciones por incumplimiento pueden llegar a hasta un millón de euros, lo que demuestra el carácter prioritario de la medida.
Desde el Banco de España hasta plataformas de defensa del efectivo, reconocen que adaptar los cajeros es esencial para evitar la exclusión financiera de colectivos vulnerables. No se trata solo de modernizar: es garantizar que nadie se quede fuera del sistema financiero.
