El gabinete económico del Gobierno recibió ayer a la cúpula de la Unión Industrial Argentina, luego de que la entidad fabril criticara los acuerdos con China y la presidenta Cristina Fernández acusara a la multinacional Techint de operar políticamente en contra de los convenios por Cadena Nacional. El encuentro, que desde el Ejecutivo calificaron de “muy bueno” con la venia de Héctor Méndez, presidente de los industriales, no despejó las dudas de los empresarios, según dos fuentes del sector privado.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía, Axel Kicillof, Planificación, Julio De Vido, Industria, Débora Giorgi, y Trabajo, Carlos Tomada, recibieron a Méndez, el vicepresidente de la UIA Luis Betnaza (Techint), el protesorero Miguel Acevedo (AGD) y el director ejecutivo Martín Etchegoyen. Según fuentes oficiales, los industriales no supieron detallar dudas puntuales sobre los convenios con China, por lo que propusieron continuar con reuniones con técnicos de Economía, Planificación y la UIA.
El discurso de la UIA se desdobló. Méndez dijo ante los micrófonos haber quedado “muy conforme” porque la reunión permitió “aclarar dudas” y resaltó “la buena voluntad que ponen las partes en el hecho de poder dialogar”. Pero otros directivos calificaron el encuentro como “muy duro técnicamente”. Las partes, contaron, expusieron sus argumentos, sin llegar a acuerdos. Ratificaron que los empresarios continúan con reparos sobre los artículos 5 y 6 del acuerdo marco con China: el que permite el ingreso de mano de obra de ese país en las mismas condiciones que la local y el que avala adjudicaciones. “Por algo ningún país de América Latina firmó algo parecido”, afirmaron en la entidad fabril.
Para Kicillof y De Vido, las objeciones de la UIA, que Cristina calificó de políticas, no tienen razón de ser
El Gobierno prefirió quedarse con las declaraciones del presidente de la UIA y desatender los reparos que los directivos hicieron luego. “No podemos hacernos cargo de las internas de la UIA”, afirmaron en el Ministerio de Economía, ante la consulta de este diario.
Kicillof, en rueda de prensa, rechazó las críticas de los industriales: “No hay ninguna modificación a las leyes de contratación del Estado, se siguen cumpliendo todas las leyes y nada sale del marco normativo general”, dijo. “Son convenios estándar internacionales, que no violan la legislación vigentes”, agregó, y recordó que el gobierno de Raúl Alfonsín firmó acuerdos similares con Espana e Italia en 1987 y 1988. “Para todas las dudas e inquietudes sobre los acuerdos firmados, así como se ha hecho con las represas, la central nuclear, el Belgrano Cargas, el Gobierno ha puesto a disposición a funcionarios de las áreas para que se reúnan la semana que viene y expliquen lo que se ha dado en llamar la letra chica, aunque en realidad no es tal”, sostuvo el ministro.
De Vido y Kicillof prometieron inversiones por más de u$s 11.000 millones en infraestructura que generarán empleo y negocios para las industrias locales, que participarían hasta en un 70% en los proyectos.
Un documento técnico que la UIA subió a su página web el 4 de febrero, cuando la presidenta Cristina Fernández estaba en China, manifestó el “enorme riesgo para el desarrollo argentino” que contienen, a su criterio, cláusulas del convenio con el país asiático. Citó en particular “la posibilidad de adjudicación directa de proyectos de infraestructura” del artículo 5, “la posibilidad de contratación de mano de obra de origen chino en las mismas condiciones que los nacionales del artículo 6 y “la posibilidad de firmar ‘convenios específicos’ entre entidades gubernamentales para viabilizar la cooperación bilateral, asignando discrecionalidad a la autoridad de aplicación” para llevar adelante planes quinquenales sin control legislativo (artículo 2). También preocupó la compra de material chino (durmientes para ferrocarriles, por ejemplo) que puede fabricarse en el país.
El miércoles, por Cadena Nacional, la Presidenta apuntó a Techint por haber filtrado ese documento crítico y advirtió que podría correrla de una represa financiada por capitales chinos a construirse en San Juan, algo que, indicaron en Economía, no sucederá. Nada de eso se trató en la reunión de ayer, a pesar de la presencia de Betnaza, ejecutivo del holding de Paolo Rocca.