El Gobierno remitió finalmente el proyecto de ley de Modernización Laboral al Congreso. El proyecto plantea modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, un régimen de incentivo a inversiones medianas, un plan de regularización del empleo, la reducción de las contribuciones patronales con un descuento adicional para los nuevos puestos de trabajo.
El proyecto propone también cambios en materia tributaria, incluidos Ganancias para empresas y personas, impuestos internos e IVA. Sin embargo, el grueso de las modificaciones se centra en modificaciones laborales. El Gobierno busca aumentar la formalización laboral, que vendría de la mano de una mayor recaudación, incluso a pesar de la baja de las alícuotas.
Entre los puntos que pueden aportar a la creación de empleo registrado, los especialistas destacan el blanqueo de trabajadores no registrados, los incentivos para la creación de empleo y el banco de horas, pero fundamentalmente la baja de las contribuciones al 5% de la remuneración, al 17,4% y 15% de las alícuotas a la seguridad social y el sistema integrado previsional según el tamaño de empresa.
Antes de la reforma, hay otro factor fundamental. “Suponiendo que hay un crecimiento económico sostenido con expansion de empleo en sectores que hoy no están creciendo, un nuevo blanqueo, un régimen permanente de abaratamiento de las contrataciones como el que está en la reforma podría acompañar la creación de empleo transitoriamente”, explicó el abogado laboralista e investigador de Fundar, Juan Manuel Ottaviano.
El Gobierno espera para 2026 un crecimiento de la actividad económica del 5%, mientras que los analistas proyectan un crecimiento del 4%. Según declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, por cada cuatro puntos de crecimiento de la actividad, la recaudación aumenta un punto.
Hay otros factores que para el sector privado podrían impulsar el empleo. Pablo Mastromarino, laboralista del estudio Tanoira Cassagne, explicó que la expectativa se centra en el blanqueo y en el régimen de nuevo empleo, pero su desempeño estará fuertemente vinculado a la actividad.
Destacó también que la simplificación registral y la digitalización de certificados puede ayudar, principalmente entre las pequeñas y medianas empresas, por el costo y el tiempo que implicaba la burocracia para la contratación.
“La batalla de fondo no se da, que es la de bajar las contribuciones en el régimen general”, explicó Mastromarino en referencia a la baja de 3 puntos porcentuales en las contribuciones patronales. Si bien paralelo también se bajan los aportes a ANSES y SIPA, los 3 puntos recortados en las contribuciones se ven compensados por el aporte al Fondo de Asistencia Laboral, que viene a volver obligatorio el fracasado Fondo de Cese Laboral con aportes mensuales por parte de los empresarios. “No le veo el beneficio para la empresa, neutraliza la baja de contribuciones”, agregó Mastromarino.
Para aumentar la registración, explicó el especialista, hay que bajar las contribuciones.
Por último, agregó que puede ayudar la eliminación de los límites a la figura del part time, que establecía un salario reducido hasta los dos tercios de la jornada que, una vez superado ese margen, se pagaba el salario convencional. Según Mastromarino, borrar esta limitación va a permitir más flexibilidad y registración en sectores donde la demanda no es constante a lo largo del año.
Matías Ghidini, socio de Ghidini y Rodil, planteó que lo que va a favorecer la contratación es bajar los costos: “Las reducciones en cuotas del empleador a la caja previsional o la obra social va a ser útil, sobre todo para las pequeñas empresas en el corto plazo. La prioridad y demanda del empleador es que contratar sea más barato”.
“Los demás cambios no son centrales. Tienen que ver con una estrategia de negociación del Gobierno para conceder cuestiones”, concluyó, enfatizando que la prioridad empresaria está puesta en la baja del costo para contratar.
Lo cierto es que las estimaciones privadas de la pérdida de recaudación que implicará la baja de contribuciones para 2026 asciende a casi u$s 3000 millones anuales, cercano al 0,5% del PBI.