El presidente Javier Milei comenzó esta semana con una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, tras la cadena nacional por las Islas Malvinas. Se trata de la tercera convocatoria semanal consecutiva y tiene como objetivo principal delinear el cronograma de las medidas anunciadas: entre ellas, el proyecto de Soberanía.
El encuentro se realizó este lunes a las 10, con la presencia de todos los ministros y de los funcionarios que integran habitualmente las reuniones ampliadas. La modalidad de citas semanales fue impuesta por el Presidente hace tres semanas, con el propósito de reforzar el control político sobre cada área de gestión.
El repaso de la agenda Malvinas
Uno de los puntos principales del temario fue el seguimiento de las medidas anunciadas el jueves pasado, cuando Milei encabezó una cadena nacional de 15 minutos sobre la disputa por las islas. En esa alocución, el Presidente confirmó el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
“Se analizó la cadena nacional, las medidas anunciadas, su impacto mediático y general”, definieron fuentes oficiales. Además, informaron que el proyecto ingresará por la Cámara de Diputados en los próximos días.
La iniciativa tiene tres ejes. El primero endurece la Ley 26.659 contra empresas que operen sin autorización argentina en el área de las islas: quedarán inhabilitadas para contratar con el Estado o con privados en el país, y se habilita, cuando corresponda, el juicio en ausencia. El régimen se extiende también a los proveedores de esas compañías.
El segundo eje crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo con aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado. Articulará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El tercero busca dotar a ese Consejo de facultades delegadas económicas y diplomáticas para responder ante actores estatales o no estatales que representen una amenaza a la seguridad nacional.
En Casa Rosada evaluaron de manera favorable el impacto inicial del anuncio y este fin de semana celebraron que las principales empresas de servicios del mundo como SLB, Halliburton y Backer Hughes salieron a aclarar que no van a participar de procesos de licitación para proyectos hidrocarburíferos en las Islas.
El Cronista contó cuál fue la reacción de la oposición ante el anuncio y si bien la mayoría se reservó opinión hasta leer el proyecto, las críticas apuntaron más contra el “oportunismo” del Presidente que la iniciativa en sí. Esta semana deberán definir en el Gobierno a qué Cámara ingresará el proyecto para iniciar el debate, mientras que preparan otros temas que coparán la agenda en las próximas semanas.
El análisis del Gobierno sobre cómo proceder con el tratamiento continuará este martes a las 13, cuando se llevará a cabo la reunión de Mesa Política. Desde el Gobierno informaron que de este próximo encuentro participará el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, para ordenar la temática.
Mercado de Capitales
Durante el encuentro ministerial de este lunes también presentaron los detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que elabora el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la cual todavía no tiene fecha de envío al Congreso. La intención del oficialismo era avanzar sobre ese debate después de que culmine el tratamiento de la reforma al BCRA e Inocencia Fiscal, que ahora está en manos del Senado.
La iniciativa apunta a desregular, simplificar y digitalizar el funcionamiento del mercado y a modificar las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El objetivo es ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas y facilitar el acceso al mercado de capitales. El proyecto contempla, entre otros puntos, mecanismos de autorización automática para determinadas emisiones y herramientas vinculadas con la digitalización y la tokenización de activos.
Parte de esa agenda ya comenzó a implementarse por vía regulatoria: en junio la CNV eliminó la autorización previa para la mayoría de las emisiones de deuda, acciones y fondos. La reforma también busca generar un mercado financiero más profundo, con la expectativa de canalizar el ahorro hacia inversiones locales. En esa línea, Sturzenegger viene planteando que el sistema financiero debe salir a buscar el ahorro de los argentinos y ampliar el crédito disponible para empresas y familias.
La agenda legislativa y desafíos
Otro de los otros temas que ocupará la agenda en las próximas semanas es el Presupuesto, que debe llegar al Congreso antes del 15 de septiembre, según el plazo constitucional. “Sigue trabajándolo el ministerio de Economía, apuntamos a que esté listo para presentar en la fecha límite”, decían durante el fin de semana desde la Mesa Política.
El equilibrio fiscal se mantiene como premisa innegociable de la propuesta. Esa definición anticipa una negociación compleja con los gobernadores y con los bloques dialoguistas, sobre todo en torno a los fondos para las provincias y a las partidas de obra pública. Este medio anticipó en exclusiva que el Presidente tiene pensado una cumbre la semana que viene para preparar el debate.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene un rol central en esa negociación y en la preparación de la presentación. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también participa del armado de la estrategia con las provincias, ya que la cuestión presupuestaria se discutirá de la mano de la Reforma Electoral en el Senado.
Otro punto de la agenda fue la hoja de ruta parlamentaria de septiembre. El Gobierno pretende avanzar con varias iniciativas antes de que el calendario electoral de 2027 complique los acuerdos con los bloques aliados, pero en el medio el presidente de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, ya fijó fecha para retomar el debate por las PASO para el 15 de septiembre -el mismo día de la presentación del Presupuesto-.
Entre los proyectos que la Rosada buscará impulsar también está el denominado súper RIGI —una ampliación del régimen de incentivos para grandes inversiones— y modificaciones a la Ley de Salud Mental. En el medio, deberán sortear la sesión convocada para este 9 de septiembre por la oposición para avanzar con una hoja de ruta propia para dictaminar los proyectos sobre Morosidad y Emergencia en Discapacidad: será otra prueba de fuego de los acuerdos con los aliados, y sin bien no está el quórum asegurado, tampoco tienen garantías de que se vaya a caer.