La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió hoy un comunicado en donde manifiesta su "profunda preocupación por la delicada situación que atraviesa el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos con motivo del vasto número de magistraturas que se encuentran vacantes."
El texto, firmado por el presidente de la entidad, Luis María Cabral, explica que en lo que atañe al Poder Judicial de la Nación, al día de la fecha se registran 249 cargos vacantes de juez nacional o federal entre juzgados de primera instancia y tribunales colegiados. "Si bien varias de dichas vacantes se encuentran incorporadas a un concurso en trámite en el Consejo de la Magistratura de la Nación, o bien esperan la convocatoria de un nuevo procedimiento de selección o la acumulación a alguno existente, 65 están en condiciones de ser cubiertas por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de las ternas que le fueron enviadas", explica el texto.
"La demora que presenta el P.E.N. en la decisión de las ternas remitidas, han colocado a la administración de justicia en una situación crítica, que incluso ha demandado la aplicación de paliativos extraordinarios como única manera de evitar la interrupción de la prestación del servicio en las jurisdicciones más comprometidas", asegura Cabral.
"La problemática no se reduce al ámbito jurisdiccional judicia", remarca el texto. Y afirma que el correcto funcionamiento de los Ministerios Públicos también se ha visto comprometido por la falta de cobertura de las vacantes que se han concursado en sus dos cuerpos. "Ello así, por cuanto el Ministerio Público de la Defensa registra 23 vacantes concursadas a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, mientras que el Ministerio Público Fiscal presenta 38 en iguales circunstancias, y un número importante se encuentra en concurso", agrega.
Debido a esta situación, la Asociación finaliza el comunicado con un pedido: "Exhortamos a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para normalizar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos, y a ese fin se ha dirigido al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y al Consejo de la Magistratura de la Nación; todo con comunicación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación".