La Ciudad reclama "medidas excepcionales" ante la permanencia de CFK en Constitución

Luego de que la Corte Suprema ratificara el fallo a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta Cristina Kirchner, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había pedido al Tribunal Oral Federal N°2 que revea las consecuencias que podría ocasionar una eventual prisión domiciliaria en el edificio de la calle San José 1111. Caso contrario, demandó una serie de "medidas excepcionales" que cobran otro tenor a la luz de la decisión final de los jueces.

En un escrito de 73 páginas al que accedió El Cronista con informes anexados de diversos ministerios porteños, las autoridades locales consignaron que el barrio de Constitución presenta complejidades logísticas para cumplir con ese propósito y que, en caso de ser asignado -como finalmente ocurrió- deberían disponerse medidas paliativas, que podrían incluir la delimitación de horarios y condiciones de ingreso a la zona de personas, incluyendo familiares y colaboradores de la exmandataria

Al mismo tiempo, este martes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían pronunciado más temprano en contra del pedido de domiciliaria de la líder del Partido Justicialista (PJ), quienes consideraron que "la concesión de la detención domiciliaria no es automática".

Según ratificaron fuentes judiciales a El Cronista, la Procuración General realizó una presentación por pedido de la administración de Jorge Macri, en la que pone en manifiesto la "preocupación institucional" a raíz del impacto que podría ocasionar en la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales.

Claro está, se trata de una zona de alta densidad poblacional y concentra gran movimiento de vehículos, por lo que, según considera el organismo, si la referente peronista cumpliera su condena en el barrio porteño de Monserrat, producto del fallo por la "causa Vialidad", podría generar severas consecuencias.

Con la firma del titular de la Procuración, Augusto Ricardo Coronel, CABA presentó ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 una oposición técnica a la posibilidad de que Cristina Kirchner cumpla su pena de prisión bajo la modalidad domiciliaria puesto que generaría "afectaciones graves y sostenidas" al tránsito, la seguridad, los servicios públicos y la convivencia urbana en la zona.

La presentación judicial subraya que el Gobierno porteño no fue consultado por el tribunal federal a pesar de que el inmueble se encuentra en una "zona estratégica, de altísima circulación y actividad" dentro del macrocentro. E invoca facultades constitucionales indelegables del Gobierno local en materia de regulación del espacio urbano, seguridad vial y gestión de servicios, para justificar su intervención y advertencias.

"La detención de una figura política de alta visibilidad atraerá concentraciones masivas de partidarios y opositores en una zona intermodal ya congestionada", alerta el escrito, que señala la existencia de informes técnicos que documentan desvíos de tránsito, saturación de colectivos, interrupción de servicios públicos y presencia policial extraordinaria desde la vigilia iniciada tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema el pasado 10 de junio.

Entre las principales objeciones, a cargo de los ministerios porteños, organismos de la Ciudad y la propia Policía de la Ciudad, figuran:

• Impacto sobre el tránsito: se advierte sobre cortes y desvíos permanentes que afectan arterias vitales como Avenida 9 de Julio, Independencia, Belgrano y Entre Ríos, con congestión en calles alternativas y complicaciones para el transporte público.

• Servicios esenciales: las vallas, móviles policiales y la afluencia de personas obstruyen tareas como recolección de residuos, mantenimiento urbano y poda del arbolado. La acumulación de basura ya genera condiciones insalubres y hay cuadrillas imposibilitadas de operar por razones de seguridad.

• Carga operativa extraordinaria: los operativos implican la afectación de hasta 160 agentes policiales en simultáneo, con desvío de recursos críticos desde otras zonas prioritarias como hospitales, escuelas o corredores escolares.

• Convivencia urbana alterada: se constata saturación del espacio público, ruidos molestos, actos vandálicos, hostigamiento a periodistas y tensión entre manifestantes y vecinos. La cercanía de la Facultad de Sociales de la UBA agrava la situación por la alta afluencia estudiantil.

• Riesgos de seguridad: informes de la Policía de la Ciudad detallan un incremento del 32% en llamadas al 911 por ruidos molestos y múltiples incidentes vinculados a la vigilia, incluidos robos, daños a vehículos y agresiones verbales.

"La zona carece de capacidad operativa para sostener un dispositivo de custodia permanente sin perjuicio grave al interés general", sostiene el Gobierno porteño. Incluso se detalla que, en una sola jornada, el despliegue para liberar el área requirió 160 efectivos, camiones de limpieza y asistencia del SAME.

En el tramo final, el escrito solicita que si el tribunal decide otorgar la prisión domiciliaria en San José 1111 o en algún otro inmueble situado en zonas densamente pobladas de la Ciudad, se adopten "medidas paliativas específicas", como la delimitación de horarios de visita, restricciones de acceso y coordinación entre fuerzas de seguridad locales y nacionales.

"Debe ponderarse no sólo la protección de derechos individuales sino también el interés público y el derecho de los vecinos a habitar un entorno funcional, limpio y seguro", concluye la presentación, que demanda sumar al expediente los cinco informes técnicos producidos por los ministerios de Seguridad, Espacio Público e Infraestructura, además de registros del sistema de monitoreo delictual y operativos policiales.

Prisión domiciliaria: qué "medidas paliativas" o "excepcionales" reclama la Ciudad a la Justicia

En los últimos días, militantes y seguidores de Cristina se reunieron a las afueras del departamento donde, en principio, la exmandataria cumpliría su condena a seis años de prisión. Allí, se registraron cortes de calles y ruidos molestos, por lo que se requirió un alto operativo de las fuerzas de seguridad.

Es decir, la petición de la Ciudad se ampara en el porvenir del barrio porteño que, en caso de que la dos veces Presidenta cumpla su condena en San José 1111, en donde habría un alto operativo de custodia que alteraría el entorno urbano. Según precisan los informes técnicos, "el dispositivo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento general del macrocentro porteño".

Previo a que ocurra esto, aunque resta aún la decisión final del juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, el gobierno porteño pidió a la Justicia que se tomen "medidas excepcionales" para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales.

Las principales acciones consignadas en el escrito presentado por la Procuración se resumen en:

• Delimitación de horarios y condiciones de ingreso: Regulación estricta del ingreso de personas al entorno de CFK, incluyendo familiares, asesores, colaboradores y manifestantes. Se sugiere establecer franjas horarias y protocolos diferenciados para evitar aglomeraciones y congestión en horas pico.
• Acceso garantizado para vecinos y servicios de emergencia: Priorizar la libre circulación peatonal y vehicular de quienes residen en los inmuebles linderos, así como asegurar paso irrestricto a ambulancias, bomberos y camiones de servicios públicos (como recolección de residuos o mantenimiento urbano).
• Intervención coordinada de áreas técnicas locales y nacionales: Se requiere que cualquier operativo que implique la instalación de vallados, custodia, desvíos de tránsito o intervenciones en el espacio público sea diseñado en conjunto con los ministerios y fuerzas de seguridad de la Ciudad y la Nación, para reducir la afectación de la vida urbana.
• Uso administrado del espacio público: El GCBA reclama tener poder de decisión sobre ocupaciones de veredas, instalación de cámaras, bases móviles, escenarios o carpas, y propone que cualquier uso extraordinario del espacio sea previamente autorizado.
• Prevención de acampes o permanencias prolongadas: A raíz de antecedentes inmediatos, como la vigilia instalada desde el 10 de junio, se solicita una prohibición expresa de acampes, ollas populares u otras actividades que deriven en ocupaciones sostenidas del espacio público.
• Custodia proporcional y no disruptiva: El documento subraya que los operativos actuales insumen hasta 160 agentes por día, afectando otras áreas críticas. Por eso, pide que la carga de seguridad sea racionalizada y eventualmente repartida con Nación, incluyendo un diseño especial de zonas seguras que minimicen cortes y vallados.
• Plan de contingencia para servicios públicos: En caso de concederse la prisión domiciliaria, se exige que se contemple un protocolo de contingencia específico que asegure la continuidad de los servicios de higiene urbana, mantenimiento del arbolado, alumbrado y redes, hoy gravemente interrumpidos.

Causa Vialidad: ¿irá Cristina a tribunales el miércoles?

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", anticipó Cristina en su cuenta de X (exTwitter) luego del fallo que emitió la Corte el último martes.

Por ese motivo, se esperaba que una gran movilización que la acompañará al edificio judicial, ubicado en el barrio porteño de Retiro. "Que no quieran humillarnos, porque van a ver una vez más la resistencia de nuestro movimiento nacional", advirtieron desde el peronismo.

En la previa a lo que sucederá este miércoles, el Partido Justicialista se reúne con gobernadores peronistas y la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT). El cónclave tendrá lugar en la sede del PJ, en Matheu al 100. Según informó El Cronista, asistirán cuatro de los siete gobernadores que fueron convocados a la reunión: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Tras la notificación formal por parte de la Justicia, queda casi descartada la posibilidad de que los jueces convoquen a Cristina Kirchner a presentarse en Comodoro Py. No obstante, desde el PJ ratificaron que la convocatoria tendrá lugar y las características del llamado terminarán de confirmarse a lo largo de la tarde.