La avanzada intervencionista del Gobierno sobre el mercado petrolero, que se concretó el viernes mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1277, comenzó a generar contrapuntos entre los gobernadores de las provincias petroleras. Desde diversos despachos plantearon a El Cronista, bajo pedido de confidencialidad, posturas muy disímiles: mientras un sector de los mandatarios provinciales considera que es una prueba de fuego para mostrar fidelidad a la presidenta Cristina Fernández, otro bando sostiene que astilla la autonomía de las provincias sobre sus recursos y hasta evalúa iniciar acciones judiciales.

Por primera vez desde que se conoció la medida, una voz de peso en disidencia. Se trata de Guillermo Pereyra, titular del estratégico gremio petrolero de Neuquén, La Pampa y Río Negro, el mayor polo productor del país. Sostuvo que la designación del viceministro de economía, Axel Kicillof, para que maneje los hidrocarburos tal como establece el decreto es una barbaridad que representa el avasallamiento a los estados productores. Y remarcó que se están violando leyes fundamentales, como la constitución nacional con las respectivas reformas y la ley corta de hidrocarburos.

Pereyra no es un sindicalista más. A mediados de mes fue ungido como número dos la CGT que conduce Hugo Moyano. Además, mantiene vínculos aceitados con el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, la mayor provincia productora de hidrocarburos del país, y ocupa un sillón en la nacionalizada YPF.

La molestia de los gobernadores se debe a que la reforma constitucional de 1994 y la llamada Ley Corta de Hidrocarburos, que data de 2006, concede la potestad sobre los recursos naturales a las provincias. Pero el decreto 1277 centraliza las decisiones sobre la actividad y estipula que la exploración y producción de hidrocarburos, su almacenamiento, transporte, refinación y venta es una especie de servicio que las empresas prestan al Estado, encargado de analizar costos y fijar precios de referencia.

En el entorno del chubutense Martín Buzzi, presidente de la Ofephi (nucela a las 10 provincias productoras) uno de los alfiles del Gobierno en su avanzada sobre YPF, reconocieron que la norma viola los intereses provinciales. Pero se mostraron más conciliadores. En los hechos transparentó una situación que se venía dando. Nos molesta que no nos hayan sumado, pero tampoco cambia mucho. No vamos a dar una señal de disconformidad con respecto a la medida desde la Ofephi, explicaron allegados al patagónico. Ahora se va a probar quién es leal, completó.

En tanto, ayer trascendió que el salteño Juan Manuel Urtubey no descartaba hacer una presentación judicial para frenar el decreto. Fue imposible, sin embargo, contactarse con fuentes de la gobernación.

Los asesores legales de los estados productores se reunirán la semana que viene para poner en común sus posiciones y buscar alternativas jurídicas en conjunto frente a la norma.