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El Gobierno decidió avanzar con la motosierra en las principales áreas del Estado en la nueva redacción de la Ley Basesque fue enviada esta mañana a los gobernadores. Entre los 269 artículos que componen a este borrador que deberá ser consensuado con la oposición se encuentran medidas de disolución total de organismos, la liquidación de fondos fiduciarios y la privatización de diversas empresas públicas, entre otras.
Tal y como el presidente Javier Milei lo prometió en campaña, el nuevo texto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos busca la aprobación de los artículos que permita la desregulación y reducción del sector público, en línea con el programa de "déficit cero" que viene desarrollando en conjunto con el Ministerio de Economía.
Para llegar a eso, el Gobierno busca declarar en el artículo 1 del proyecto la emergencia pública en materia económica, financiera, energética y administrativa por el plazo de un año. Esta última es la que, a su vez, habilitaría la reorganización, modificación o disolución de diversos organismos de la administración central o descentralizada.
Punto por punto: cómo busca Milei desregular el Estado
En el artículo 3 se faculta al Poder Ejecutivo para que pueda eliminar las responsabilidades o funciones "cuyo mantenimiento resulte innecesario" y la "reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial" de las áreas de la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social, es decir, toda la Administración Nacional.
En relación a las Empresas y Sociedades del Estado (artículo 4 de la Ley Bases), el Gobierno busca "la modificación o transformación de su estructura jurídica" y "su fusión, escisión o transferencia" las provincias o la CABA.
A continuación (artículo 6), el Gobierno también pide la aprobación para "intervenir"por un año los sectores englobados por los anteriores dos artículos. Consultados por El Cronista, desde el Gobierno sugirieron que todavía no se tiene precisiones sobre quiénes podrían ser estos interventores.
El poder sobre estas decisiones lo tiene la Jefatura de Gabinete que dirige Nicolás Posse. Junto a su equipo, ha sido el encargado de establecer las principales decisiones de intervención en organismos públicos como la AFI, ENACOM, ENRE, YCRT y las empresas públicas.
Las excepciones a las anteriores normas son el CONICET, el INTA y las universidades públicas; que sólo podrán ser disueltas de manera parcial. Además de eso, las universidades tampoco podrán ser intervenidas, al igual que la Anses, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, y el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares.
En su Reforma del Estado, el Gobierno estableció como principales prioridades:
- a) Mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común;
- b) Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan;
- c) Promover el funcionamiento dinámico del Estado con el objeto de incentivar la iniciativa privada, la inversión y la productividad;
- d) asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia y la administración de las finanzas públicas.
Las 12 compañías que están en la nueva Ley Bases
El listado presentado a los gobernadores incluye la privatización de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA) y Radio y Televisión Argentina. También pide conversión a empresa mixta de Nucleoeléctrica Argentina,Banco de la Nación Argentina (y todas las empresas satélites del Grupo Nación como Nación Bursátil, Reaseguros, Seguros de Retiro, Seguros, Servicios y Pellegrini) y Arsat.
En un párrafo aparte están empresas que pueden tener dos alternativas: la privatización o la concesión de sus servicios. En ese listado de cinco están AYSA, Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logísticas (Trenes Argentinos Cargas), Sociedad Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos Operaciones) y Corredores Viales y YCRT.
Varias se encuadran dentro de las denominadas Sociedades del Estado. Entre este último grupo está Télam, que fue removida del listado dado a conocer por el Gobierno porque, según su interpretación, el proceso administrativo para su cierre no precisa de autorización legislativa: afirman que pueden liquidarla porque en el Decreto 70/23 publicado el año pasado se deroga la Ley N°20.705, que regula las Sociedades del Estado y su proceso de cierre.
Este medio consultó acerca de si otras compañías englobadas en ese tipo jurídico también eran pasibles de pasar por el mismo procedimiento de Télam.
"Por el momento se trabaja en analizar cómo están y hacerlas eficientes", alegó un funcionario mileista acerca de las compañías excluidas de la negociación con gobernadores y legisladores nacionales. "El concepto que engloba todo es el de siempre, que la gente no tenga que mantener empresas que no funcionan", advierten.