Del secreto de sumario a la bomba judicial que puede sacudir a la Suizo Argentina

Con el vencimiento del plazo legal para el secreto de sumario en la causa ANDIS que sacude al gobierno de Javier Milei, el juez Sebastián Casanello debía resolver hoy si levantaba el velo como finalmente hizo para que las partes involucradas conozcan el expediente en su plenitud o si, atento a la sensibilidad del caso, definía extenderlo una vez más de forma excepcional. Diversos trascendidos sugerían en la previa tal volumen de pruebas recabadas por la Justicia que no descartaban que un nuevo giro en la investigación apunte ya no solo sobre la familia Kovalivker sino también la propia empresa. Debido al carácter de la causa y los actores bajo la lupa, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, intervino en el expediente que nació a través de los audios grabados a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En paralelo, desde el Ministerio de Salud -ahora a cargo de la intervención- se inició un sumario interno para determinar la responsabilidad en los procedimientos internos y comprobar si hubo irregularidades tal como se aludían en las filtraciones, junto con la auditoría sobre las pensiones. Los audios son, en efecto, el disparador de la causa aunque su utilidad como prueba está sujeta a debate. Así y todo, desde la defensa -y con apoyo de la querella- se solicitaron una serie de medidas como un peritaje planimétrico de las voces para determinar si se corresponden con las verdaderas y, de ser así, si fueron editadas y de qué modo. Bajo la lupa del fiscal Franco Picardi así como la PIA se encuentran cientos de contratos de la droguería Suizo Argentina con el Estado cuyas irregularidades, en caso de probarse, podrían dibujar una ruta de coimas entre el sector privado y la gestión de Javier Milei con alcances a determinar. Según consignó NA, la Justicia tiene en evaluación más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina SA. En el portal institucional Comprar los primeros documentos de contrataciones de la Suizo Argentina con el Estado nacional se remontan a 2017. La mitad de esos expedientes se originaron durante el actual mandato con diversas dependencias, no solo la ANDIS, aunque esto no signifique que todos hayan sido en condiciones irregulares. Fuentes judiciales citadas por la agencia refieren a centenares de contratos para la provisión de medicamentos por más de $ 55.000 millones. Hablan de documentación secuestrada que incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios en beneficio de la Suizo Argentina, bajo control primero de Eduardo Kovalivker y actualmente en manos de sus hijos, Emmanuel y Jonathan. Si se comprueba este esquema -e incluso se extiende en el tiempo más allá de la actual gestión- no se descarta que la Justicia pueda apuntar contra la empresa misma en paralelo a la responsabilidad que le pueda caber a los Kovalivker y la intime a nombrar abogados y presentarse ante el tribunal como persona jurídica involucrada. "Acá, la que presuntamente pagó las coimas es la empresa. Y la que obtuvo un rédito, un beneficio económico, también", detalló a El Cronista un conocedor de los pasillos del Fuero Penal. La Ley 27.401, sancionada en 2017, marcó un antes y un después en el régimen de responsabilidad penal en la Argentina. Por primera vez se estableció que las personas jurídicas -empresas privadas, nacionales o extranjeras, con o sin participación estatal- pueden ser penalmente responsables por delitos vinculados a la corrupción, como cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y balances falsos. La norma determina que una compañía puede ser condenada si el ilícito fue cometido, directa o indirectamente, en su nombre, interés o beneficio. Incluso se extiende a los casos en los que el hecho lo realice un tercero sin vínculo formal, siempre que la empresa lo haya ratificado, aunque sea de manera tácita. La única excepción es cuando el beneficio es exclusivamente personal del individuo que lo cometió. Las sanciones previstas son severas: multas de hasta cinco veces el beneficio indebido, suspensión de actividades o de la posibilidad de contratar con el Estado por un máximo de diez años, pérdida de beneficios estatales, publicación de la sentencia e incluso la disolución de la persona jurídica si fue creada para delinquir. Además, la responsabilidad se transmite en casos de fusiones, escisiones o reestructuraciones, lo que impide eludirla mediante maniobras societarias. La ley fija un plazo de prescripción de seis años y contempla mecanismos de colaboración eficaz con la justicia. Al mismo tiempo, abre la puerta a la eximición de pena cuando la empresa demuestre que tenía un programa de integridad adecuado antes del hecho, denuncie espontáneamente la irregularidad y devuelva el beneficio indebido. "Esto puede hasta generar intereses contrapropuestos, entre la defensa de la empresa y sus principales accionistas. El mismo juez, a medida que avance, puede incluirla en la causa según lo que descubra. Constituye un verdadero riesgo para la empresa como tal", subrayó la misma voz. La hipótesis judicial avanza en dos líneas marcadas, según los trascendidos recogidos por NA: la comisión de posibles irregularidades en las contrataciones públicas mediante adjudicaciones direccionadas y precios por encima del mercado. Y un circuito paralelo de sobornos mediante pagos ilegales a funcionarios para garantizar negocios con el Estado. Si se corroborara que las contrataciones fueron parte de un entramado de corrupción, ambas hipótesis quedarían directamente vinculadas. La denuncia penal apunta contra Javier Milei, Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, Diego Spagnuolo (extitular de la ANDIS) y Eduardo Kovalivker, señalado como facilitador de las operaciones sospechadas. Todos ellos fueron acusados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública. En el expediente constan además los audios filtrados de Spagnuolo que originaron la causa, en los que se mencionan directamente a Lule Menem y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La Justicia debe conectar ahora esos mensajes con los documentos duplicados de los servidores de ANDIS o de la sede de la droguería y la casa de sus propietarios, donde también se dispusieron allanamientos.

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El juez Casanello levantó finalmente el velo sobre la investigación tras alcanzar el límite legal. Qué fija la Ley 27.401 y por qué puede abrir otro frente más complicado para la empresa y el Gobierno

Mariano Beldyk

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