El 2014 seguramente será el año en el que muchos funcionarios o ex funcionarios del Gobierno nacional tendrán novedades relevantes en las causas por las que son investigados en los tribunales de Retiro.

Tal vez el expediente estrella de Comodoro Py sea el que reside en el juzgado de Ariel Lijo y que involucra al vicepresidente de la Nación Amado Boudou por interceder, presuntamente, en el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone.

Los últimos días del año pasado fueron de intensa actividad en el despacho de Lijo, que hasta el 15 de enero seguirá trabajando en la causa, y en otras, durante el receso estival. No obstante, las noticias más salientes se esperan para fines de febrero, cuando declaren Graciela y Silvia, las hijas del fallecido Héctor Ciccone, uno de los fundadores de la imprenta. Los testimonios de su hermano Nicolás y del yerno de este, Guillermo Reinwick, fueron los que más comprometieron a Boudou, ya que declararon que el entonces ministro de Economía, en 2010, mantuvo reuniones con la familia Ciccone para intervenir ante la AFIP y gestionar una moratoria especial para la imprenta, que pasaba a manos de Compañía de Valores Sudamericana, de Alejandro Vandenbroele, indicado como testaferro de Boudou.

La otra causa que puede alterar el humor del Gobierno y que ya tiene fecha de juicio oral y público es la que instruyó el juez Claudio Bonadio por la Tragedia de Once. El 18 de marzo, el Tribunal Oral y Federal número 2 dará inicio al proceso en el que se investigará a los responsables del choque del tren del 22 febrero de 2012, que causó 51 muertos y 700 heridos. Entre los procesados figuran los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los dueños de la concesionaria TBA Claudio y Mario Cirigliano, y el ex interventor de la CNRT Eduardo Sícaro, que todavía asesora desde las sombras al ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.

Además, se esperan resoluciones en las múltiples causas contra el controvertido Jaime, también en expedientes relativos a denuncias contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, avances en las causas que afectan al empresario kirchnerista Lázaro Báez y posibles convocatorias a juicio oral en los casos por defraudación al Estado contra los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, y por el presunto delito de asociación ilícita en el marco de las supuestas escuchas ordenadas desde el Gobierno de la Ciudad y que involucran al jefe comunal porteño Mauricio Macri.