Después de que, en diciembre, la procuradora Alejandra Gils Carbó promoviera y lograra la suspensión del fiscal José Campagnoli, que seguía, entre otros, el caso que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez, ahora los que fueron “congelados” son los integrantes de su equipo de investigadores.
Los miembros de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) -abogados expertos en tecnologías informáticas y el secretario letrado Ignacio Rodríguez Varela, que trabajaron con usó Campagnoli para investigar la fuga y el reingreso de más de 55 millones de dólares que se atribuye a Báez- fueron desplazados al archivo de la fiscalía de los barrios de Núñez y Saavedra, según coincidieron en denunciar distintas fuentes.
"Como una represalia más por nuestro trabajo, nos obligaron a abandonar nuestras oficinas y a presentarnos a trabajar en el archivo", denunció en su cuenta de Facebook uno de los empleados de la SIPE, según informó el portal Infobae. Fuentes judiciales citadas por el diario Clarín confirmaron la existencia de la orden aunque no precisaron quién la firmó.
Desde la suspensión de Campagnoli, la investigación está en manos de una fiscal subrogante y de la ex secretaria de Seguridad del kirchnerismo Cristina Caamaño.
Además de su trabajo en la investigación de la causa por la ruta del dinero de Lázaro Báez, la SIPE ayudó a esclarecer más de mil delitos que habían sido archivados.
La suspensión de Campagnoli por abuso de poder fue apelada por el propio fiscal por inconstitucional, pero una Cámara en lo Contenciosos Administrativo rechazó su queja. Ahora el fiscal suspendido se prepara para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.