El libro Argentina Saudita, del periodista Alejandro Bianchi, editado este mes, relata de manera atrapante cómo fue el entramado de sobornos entorno a la importación de gas. En el capítulo “Soborno para todos y todas”, el autor detalla cómo se llegó a la formulación de los contratos firmados que hoy vuelven a tomar relevancia tras la decisión de Claudio Bonadio de mandar a la Policía Metropolitana a las oficinas de YPF, Enarsa y el Ministerio de Planificación.

“Son requerimientos de información”, habría alegado el magistrado. La misma figura fue utilizada esta semana para investigar las oficinas de Máximo Kirchner en Santa Cruz en la causa Hotesur. Los operativos se realizan en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en compras de gas licuado.

Bianchi analiza la evolución de YPF desde la expropiación en adelante.

Coimas, vueltos, y depósitos millonarios, a continuación la transcripción del capítulo:

“Hernán Arbizu trabajaba en 2008 para JP Morgan Chase en el área de banca de inversión. Desde la sede central de Nueva York manejaba y asesoraba a los millonarios de América Latina que había depositado sus fondos en el banco. Carlos Bulgheroni era uno de sus clientes grandes (...).

Arbizu, ahora asentado en Buenos Aires, me contó que Bulgheroni le había dicho al banco que estaba por cobrar unos 1.300 millones de dólares de un juicio que una de sus empresas le había ganado al gobierno de Kazarikistán por un gasoducto no terminado. (...) Bulgheroni no era un cliente cualquiera. Tenía trato directo con Jamie Dimon, el número uno de JP Morgan.

Arbizu me dijo que hacia fines de ese año, el jefe para América Latina del Morgan, lvaro Martínez Fons, aseguró en una reunión que Bulgheroni depositaría 1.000 millones de dólares en el banco y que se llevaría los otros 300 millones ‘para asegurarse los negocios en la Argentina para los próximos años’. Cómo se había repartido ese dinero es algo imposible de probar.

Un recorrido fundamental del dinero proveniente del soborno fue el blanqueo. El senador radical por la provincia de Chubut, Jorge Cimadevilla, me explicó que cuando se extendió la concesión de Pan American Energy, Chubut le adjudicó “sin costo” a Andes Energía -propiedad del ex ministro del Interior de Carlos Menem, José Luis Manzano, y del empresario de medios Daniel Vila- tres áreas petroleras marginales (Paso de Indios, Paso Moreno y Nueva Lubeka) que no tienen prácticamente ningún valor económico. Al poco tiempo, Pan American Energy le compró esas áreas a Manzano en 47 millones de dólares, una operación que habría sido efectuada para lavar dinero procedente de la coima. Había que justificar de alguna manera en el balance al menos una parte de esos 300 millones de dólares inexplicables en publico.

Pan American Energy luego le devolvió esas áreas a la provincia sin pedir nada a cambio porque, se sabía, en realidad no tenían relevancia desde el ‘puntos de vista económico ni geológico’. Sin embargo, el asiento contable que justificó el supuesto movimiento de los 300 millones de dólares estaba hecho. Todo este entramado tiene una suerte de “arrepentido”. Se trata de Eduardo Samamé, ex procurador general de Chubut durante la gestión Das Neves. En febrero de 2015, el ex funcionario se presentó con pruebas ante el fiscal Guillermo Marijuán, quien hasta ese momento poco había investigado la denuncia por un supuesto pago de coimas presentadas en el juzgado federal de Rodolgo Canicoba Corral.

El fiscal hizo una serie de allanamientos en Chubut y sacudió el avispero político. Samamé declaró y confirmó la hipótesis del supuesto pago de coimas indirecto concentrado con la venta de las área de la petroleras.
“Hay que investigar la ruta del dinero”, sigue reclamando el senador Cimadevilla. La SEC puso especial interés en el giro de fondos desde la financiera argentina Epsilon, de los hermanos Depetri, al banco JP Morgan. Ese es otro de los presuntos desvíos de la ruta que siguieron los 300 millones de dólares.

Epsilon cono el negocio: su principal operatoria es el “contado con liqui”, una operación bursátil lícita que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior (bonos y acciones de empresas) para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias que quedan fuera del alcance del fisco nacional. La financiera incluso fue denunciada por Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.

“Entre los clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon se detectaron cooperativas que no poseen autorización para funcionar, sociedades comerciales que no realizan ningún tipo de actividad, que no poseen capacidad económica o patrimonio como tampoco pagan impuestos y declaran empleados a su cargo, pero que al mismo tiempo realizaron transferencias millonarias de divisas”, fue el diagnostico de la AFIP en una de sus denuncias.
Das Neves ya se lanzó como candidato a gobernador en 2015 por el Frente Renovador de Sergio Massa. Si es electo, con suerte el resultado de la investigación de la SEC por la renovación del contrato de Pan American Energy lo encontrará en el poder y tal vez tenga que volver a dar explicaciones sobre los millones de dólares que pasaron demasiado cerca de sus manos.