Este año es clave para los gobernadores, muchos buscarán su reelección en el 2027 y la falta de fondos desde Nación se hace cada vez más acuciante. En este sentido, la reforma laboral y el Presupuesto 2026 vuelven más urgente la situación de los mandatarios que tienen cajas jubilatorias provinciales, muchos advierten que la situación empeorará por las dos medidas de Milei.
El Ejecutivo abrió las sesiones ordinarias bajo la victoria de haber aprobado no sólo la reforma laboral que pretendía el presidente Javier Milei, sino también el Presupuesto 2026 dónde se determinará en que invertirá el Estado Nacional.
Es importante recordar que, en Argentina, trece provincias mantienen sus propias cajas jubilatorias y no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación en los años noventa. Estas son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Corrientes y Chaco.
En estas jurisdicciones las jubilaciones de los empleados públicos se pagan con sistemas provinciales propios, a diferencia de las once provincias que en los años noventa transfirieron sus cajas a la Nación y pasaron a depender del sistema administrado por la ANSES.
En este sentido, voces cercanas a gobernadores patagónicos advirtieron en diálogo con este medio que el problema que encararán los mandatarios este año será que las Cajas Provinciales entrarán en crisis cuando comience a funcionar el Fondo de Cese Laboral (FAL) que está dentro de la Reforma Laboral.
En provincias como Santa Cruz, el trabajo privado es minoritario, alcanza solo el 35%, el resto es estatal. Esto es un problema por el volumen de dinero que representa para la provincia.
“El porcentaje que deja de entrar como contribución patronal al ANSES se va a sentir y más en provincias donde tienen que pagar las jubilaciones”, indicaron voces cercanas a gobernadores en diálogo con El Cronista.
Voces provinciales como las de Guillermo Michel advirtieron que el Fondo de Cese Laboral (FCL) podría desfinanciar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Según plantean, el esquema reemplaza la indemnización tradicional por un sistema de aportes mensuales a cuentas individuales para cada trabajador, recursos que quedarían por fuera del sistema previsional.
De este modo, parte de los fondos vinculados al empleo formal que hoy alimentan la seguridad social podrían canalizarse hacia esos fondos, reduciendo la base de financiamiento que sostiene jubilaciones y otras prestaciones. Esto podría ser todavía peor para gobernadores que tienen cajas a cargo.
Asimismo, desde el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) que dirige Osvaldo Giordano lanzaron un informe que determinó el impacto que el déficit de las Cajas Jubilatorias de las Provincias sobre las finanzas de las provincias se acrecentará gracias al Presupuesto 2026.
Desde la consultora, advirtieron que “todas las provincias sacrifican ingresos debido a que sufren una detracción de impuestos coparticipables destinada al financiamiento de la ANSES".
“Con parte de esos recursos la ANSES cubre los déficits que le generan las once cajas provinciales que en su momento se transfirieron a la Nación. Que no lo haga sobre las trece provincias restantes que mantienen la administración de sus sistemas es una de las principales distorsiones que adolece el régimen federal“, indicaron desde la organización que responde a la Fundación Mediterránea.
Asimismo, indicaron que, si bien “todas las provincias sacrifican ingresos para reforzar el presupuesto de la previsión social”, no todas trasladaron a la Nación los déficits de sus sistemas previsionales.
En este sentido, indicaron que para las trece provincias que mantienen las cajas de sus empleados, el pago de esas prestaciones es un componente alto y creciente del gasto público corriente.
“Entre los años 2005 y 2024 las erogaciones previsionales crecieron a un ritmo del 3,4% por encima de la inflación, pasando de representar el 15% de los gastos corrientes primarios, al 19%“, remarcaron e indicaron que las provincias que transfirieron sus cajas pagan contribuciones más bajas que aquellas que no lo han hecho.
Si bien el Estado Nacional debe cubrir anualmente el déficit que registraría cada caja provincial no transferida, Nación ha dejado de hacerlo.
El informe advirtió que el proyecto de Presupuesto 2026 profundiza el desfinanciamiento de las provincias que mantienen cajas jubilatorias propias. Según el documento, el artículo 60 prevé un crédito de apenas $122.763 millones para cubrir los déficits previsionales provinciales, un monto que, en valores nominales, representa aproximadamente la mitad de lo contemplado en el proyecto de Presupuesto 2025.
De acuerdo con el análisis, esa partida alcanzaría para cubrir solo una fracción mínima, alrededor del 4%, de lo que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debería transferir anualmente a las provincias con sistemas previsionales no transferidos.
Además, el proyecto condiciona el acceso a anticipos a que se haya determinado el déficit de 2021 o posterior, algo que en muchos casos depende de simulaciones que todavía no realizó el organismo.
Para el informe, estas disposiciones consolidan el desfinanciamiento de las provincias con cajas previsionales propias y profundizan las asimetrías con aquellas que transfirieron sus sistemas a la Nación.