La discusión que se abrió sobre ganadores y perdedores de la decisión de llevar a 0 la retención de los principales productos de exportación del campo va a ser imposible de saldar. El Gobierno aceptó resignar un ingreso fiscal considerable con un único objetivo: conseguir u$s 7000 millones, monto con el que apostaba a borrar el temor que exhibía el mercado financiero sobre el repago de la deuda de 2026. Lo logró en tres días, y aunque el Tesoro hizo lo que le reclamaban todos los analistas (comprar dólares) y sumó por ahora u$s 2200 millones, la sensación de que la demanda de divisas puede superar incluso la promesa de asistencia de EE.UU. (por los plazos, condiciones y disponibilidad, no por el volumen) sigue proyectándose como una sombra para después del 26 de octubre. Hay una pregunta, en el debate abierto con las entidades rurales, que nadie se hizo: ¿se podía haber aplicado un esquema distinto para conseguir el mismo resultado? Si Luis Caputo hubiese convocado a la Mesa de Enlace y le proponía "entregarles" el beneficio de vender sin retención, no hubiera conseguido lo que buscaba: los productores y los acopiadores (el eslabón mayorista del negocio) tienen granos, no dólares. Tampoco son los que depositan el pago de las retenciones, porque ese importe simplemente está descontado del precio de mercado al que se negocia en las bolsas de cereales. Volvemos al punto de partida. Los dólares que buscaba el Gobierno no estaban en la Argentina. Por eso se sentó a hablar con quienes podían conseguirlos. Lo que hicieron las grandes cerealeras fue obtener un préstamo de sus matrices y los bancos que las financian. Esos u$s 6300 millones (la norma exige liquidar 90%), que en tiempos normales representan el flujo de seis meses de operaciones, no llegan gratis en una semana: tienen un interés (porque hay mercadería que se entregará este año, pero una parte será de la campaña 2026) y recargos por el "riesgo argentino". Ya sabemos que un juez o el bloqueo de un puerto pueden trastocar cualquier operación pactada entre privados, y eso también tiene un costo en las primas de los contratos. La Argentina ya sabe que muchas veces hay productores que prefieren aferrarse a los silobolsas. Otros aceleraron para no perder la oportunidad. Los exportadores no sabían si ellos o sus competidores iban a conseguir cubrir la demanda que tenían previsto abastecer y también apuraron a registrar todas las operaciones posibles. Ampliar su cuota de mercado era un beneficio adicional. Los exportadores, según fuentes que conocen su operatoria, anotaron 20 millones de toneladas. De ese volumen, 11 millones ya tienen contrato registrado y cobrarán el precio de mercado (la soja pasó de u$s 295 el viernes pasado a u$s 355 el miércoles), un valor que llegó a superar lo que percibían sus pares de Estados Unidos o Brasil. Ayer, pese a que se reimplantaron las retenciones, el valor al que deberán seguir cerrándose ventas, estaba en u$s 345. No valen lo mismo si el dólar baja por la misma oferta. Pero para esos hay opciones de cobertura. Todavía queda producto por comprar y por pagar. Hasta septiembre, la industria tenía adquiridas 35 millones de toneladas de la campaña actual, sin precio fijado, según la BCR. Y hay otros 9 millones de la nueva tanda que deben ser negociados. El efecto derrame que va a tener el campo no va a ser menor.