Muchachos no se preocupen, no lo vamos a aplicar". El mensaje recurrente, insistente y repetido repiqueteó en los directorios de los principales bancos, industrias y supermercados que operan en el mercado local. En muchos casos, los dichos habrían salido de los mismos labios que comunicaron la nueva doctrina de inteligencia. Cuando el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, anunció que las escuchas de ahora en más correrían por cuenta de los fiscales y no de los espías de la ex SIDE ignoró el revuelo y la convulsión que provocó en el sector privado.


La semana próxima comenzaría una larga lista de reuniones (muchas de ellas solicitadas por la presidenta Cristina Kirchner) para tranquilizar los ánimos empresarios. (¿Alcanzará, por que en definitiva no ordenó desactivar la norma y, en todo caso, quién sanciona una ley o publica una medida en el Boletín Oficial sino piensa usarla?).


En definitiva, la nueva norma tiene sabor a arbitrariedad. Los pormenores de la nueva norma no definen los criterios por los cuales se podría acusar a banqueros, consultoras, economistas, empresarios, políticos, periodistas, en síntesis, ciudadanos, de pretender motorizar una corrida cambiaria o de desabastecer al mercado interno. Por ejemplo ¿si el producto no llega porque la Aduana no habilitó el permiso de importación o el Banco Central no autorizó el giro de divisas para pagar el embarque será una maniobra de desabastecimiento provocada por el empresario o el funcionario? Hasta ahora, nadie sabe la respuesta.


Por estas horas, hay innumerables llamados y encuentros con ceños de preocupación entre los principales referentes del sector privado. Algunos de ellos analizan una presentación judicial por la nueva doctrina de inteligencia como pasó con la Ley de Abastecimiento, que se aprobó en septiembre del año pasado. Entre esta norma y aquella ley hay muchas similitudes desde la perspectiva privada. Por un lado, la arbitrariedad con la que podrían aplicarse ambas, ya que las redacciones dejan demasiados conceptos clave librados a la libre interpretación de quien ejecuta la iniciativa. Por otro lado, tal vez lo más importante, también con la sanción de la Ley de Abastecimiento existieron los mismos llamados que por estas horas motorizó la doctrina de inteligencia diciendo lo mismo que se dice ahora y, en muchos casos, de las mismas bocas de funcionarios que pretenden minimizar su aplicación. Es cierto que hasta ahora, no hay empresarios presos por desabastecimiento y orden de la Secretaría de Comercio pero la ley está vigente y también la denuncia por inconstitucionalidad que presentó el Grupo de los Seis.


Del mismo modo también es cierto que aquella presentación judicial se concretó tres meses después de sancionada la ley y luego de un verdadero minué de titubeos por parte de los empresarias. El Gobierno sabe que ahora puede pasar lo mismo. En definitiva, tanto hombres de negocios como funcionarios fueron cómplices (aunque solo haya sido con el silencio) en muchos avances por parte del Estado sobre el sector privado. La dirigencia empresaria y los empresarios pagan el costo de haber observado sin intervención alguna el avance del Gobierno sobre algunos derechos civiles; por ejemplo, la intervención política del INDEC en 2007. Sólo cuando el Gobierno comenzó a disputar poder en el terreno de lo privado y cuando nuevos jugadores cercanos al poder político ingresaron en escena se impulsaron algunos pronunciamientos públicos en pos de mayor institucionalidad. En un principio, la Mesa de Enlace, el ex CEO de Shell, José Aranguren (hoy cercano a las filas macristas) quedaron solos en su pregón. Otros empresarios siguen sosteniendo que sobreactuaron el malestar de sus propios bolsillos. Hay autocrítica y duro pase de facturas por estos días en el ámbito empresario.


Y todo ocurre mientras los números de la economía siguen sin sonreir. Un reciente informe de Copal (la cámara de las alimenticias) reveló que las exportaciones cayeron 11% en el primer cuatrimestre de este año y que las ventas externas de las economías regionales registraron un nuevo descenso del 7,5% por 16 meses consecutivos. En la Unión Industrial ya computan 23 meses consecutivos de derrumbe fabril, más de 20.000 puestos de trabajo perdidos en un año y un repunte que no llega. El último informe del Banco Ciudad, que preside Rogelio Frigerio, advirtió que se profundizó la volatilidad y que la brecha cambiaria se ubicó en el 44% para el dólar liqui y del 48% para el blue; es decir la menor diferencia entre ambos mercados en casi 9 meses.

Donde confluirán todas estas inquietudes y probablemente se termine de definir el futuro judicial empresario sobre la doctrina Parrilli será en la 129ª Exposición ganadera que comenzará el 23 de julio y que será una tribuna política y judicial en este año de elecciones, justo cuando se cumplen además 7 años de la Resolución 125 que el campo conmemorará con bandera propia.