La pelea entre las petroleras y las empresas de biocombustibles entró en su tramo final. Porque el 12 de mayo vence el esquema de algunos beneficios fiscales para los biocombustibles ¿El Estado seguirá dejando de percibir dinero por incentivos fiscales?

¿Qué es lo que puede suceder hasta esa fecha? Que el proyecto que se presentó y aprobó Senadores lo apruebe Diputados y por lo tanto el régimen actual se prorrogue por cuatro años. En segundo lugar el Ejecutivo puede emitir un decreto que prorrogue el esquema actual por menos años. También puede pasar que el Ejecutivo deje caer el organigrama actual. Y una cuarta posibilidad es que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de ley y que luego se apruebe.

Es cierto que los beneficios fiscales siempre cuestan dinero. Y esto va más allá de la discusión de si son necesarios por estratégicos o para el desarrollo o porque sirven políticamente. En este caso, en los últimos 15 años, según números de las petroleras, las empresas de biocombustibles tuvieron beneficios fiscales que le costaron al Estado alrededor de 7400 millones de dólares.

Hasta hoy, en mayo vencerá el esquema de algunos beneficios fiscales para los biocombustibles, no así su utilización ni obligación de corte con la nafta y el gasoil. No dejará de exigirse la utilización de 10% de biodiesel en cada litro de gasoil y de 12% de bioetanol en el litro de nafta. Ni siquiera el beneficio impositivo de no abonar el impuesto a los combustibles.

De mantenerse la oposición del Gobierno a prorrogar el esquema actualmente vigente, lo que perderían las empresas de biocombustibles sería la posibilidad de devolución anticipada de IVA o la amortización acelerada para el Impuesto a las Ganancias para las nuevas plantas que se construyan. Y dejarán de tener un sistema de precios regulados por el Estado y el otorgamiento de cupos discrecionales que cada mes asigna la Secretaría de Energía para cada planta. Deberán competir libremente, por precio y calidad, entre todos los productores del mercado.

En la pelea también juegan algunas provincias. El ministro de Industria de la provincia de Córdoba, Eduardo Accastello, utilizó su cuenta en Twitter para cuestionar que el gobierno nacional no prorroga la ley que vence en mayo y lo acusó de hacer "lobby en contra de los biocombustibles".

Desde el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) salieron a responderle para recriminarle que la menor recaudación en las arcas públicas por los beneficios fiscales para los productores de biocombustibles "lo pagamos los argentinos: los que tenemos autos y los que ni siquiera tienen esa posibilidad".

La pelea es por millones de dólares, el tema es quién los terminará aportando.