No es raro que la Unión Europea se ocupe de Brasil. Tampoco es un secreto que ambos gobiernos dialogan con cierta regularidad sobre cómo asociar sus economías, coordinar algunos planes estratégicos o cómo finalizar, de una vez por todas, la versión light del añejo proyecto de Acuerdo de Libre Comercio birregional con el Mercosur, cuyo enfoque parece inspirarse en el modelo preferido de Bernd Lange, el presidente del Comité de Comercio del Euro-Parlamento. Este suele decir, con fundamento en la temperatura política del Viejo Continente, que el capítulo agrícola de un Tratado de esa naturaleza sólo debería cubrir la liberalización de productos no conflictivos (nada de eliminación de subsidios, nada de productos que irriten al gobierno o a los productores agrícolas part-time de Europa). La noticia es que Europa se puso a evaluar la aparente viabilidad política de la integración apelando a un modesto Estudio de la Dirección General de Políticas Internas del aludido Parlamento (la Agricultura en Brasil y las Relaciones con la UE) concluido en marzo de 2014 y mencionado en la red oficial del Euro-Parlamento el 7 febrero de 2015. Sus capítulos incluyen un sintético inventario de los conflictos actuales y potenciales; la política de subsidios y otras sensibles restricciones con efectos socio-políticos que gravitarían, a juicio de los autores, sobre la posibilidad tácita de alcanzar un satisfactorio acuerdo bilateral, no birregional. Sin ser completa, la enumeración no sólo mete el dedo en alguna llaga, sino también alude en forma prudente a la legalidad y alcance de la amplia financiación blanda que provee a sus productores agrícolas.

Desde la mirada del observador, el análisis dice y omite selectivamente muchos aspectos de una realidad más compleja. Al reseñar las divergencias bilaterales menciona, como focos de conflicto, la permanente acusación brasileña al proteccionismo de la Política Agrícola Común de la UE; los diversos y frecuentes casos legales lanzados por Itamaraty en la OMC; el rechazo de la sociedad civil europea a la demanda brasileña de obtener cuotas preferenciales de carne vacuna, porcina y aviar, a la que se oponen los productores de esa región alegando que el país sudamericano no aplica las costosas normas ambientales, de calidad y de sanidad animal exigibles en el Viejo Continente; el rechazo de Bruselas a la importación de carne porcina brasileña producida en Santa Catarina; el intento de Brasil de llevar a la UE a una disputa legal por la actual configuración de la cuota Hilton de carnes (algo que también la Argentina tendría que haber hecho integralmente a partir de 2010); las restricciones brasileñas que aún frenan la importación de ganado europeo para reproducción (por los lejanos antecedentes de Vaca Loca); las divergencias sobre subsidios a las exportaciones y ayuda interna; las situaciones emergentes del comercio con Organismos Genéticamente Modificados, etc. Un etcétera bastante amplio donde podrían figurar otros temas, o el bloque de quejas que tiene la UE contra Brasil por la defensa proteccionista de sectores clave como su industria automotriz. Quien lea de corrido estos antecedentes, podría quedar perplejo ante la reciente decisión brasileña de ser uno de los tres miembros del Grupo CAIRNS que no acompañó la propuesta que se sometiera a la OMC pidiendo la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas durante la próxima Conferencia Ministerial de diciembre.

En el capítulo 5, el Estudio incluye un cuadro con cifras de 2012, donde se recuerdan que las líneas de crédito agrícolas a tasa subsidiada de Brasil alcanzaban a casi u$s 64.650 millones (crédito rural u$s 50.700 millones; el Programa PRONAF 6.144 millones; el Programa de Apoyo Agrícola o Pronamp a 3.668 millones; las líneas del Banco de Brasil a 3.080 millones; las líneas de crédito del BNDES para inversiones en bienes de capital a 2.876 millones; garantía de precios mínimos a 759 millones; y los créditos de apoyo a la agricultura de bajas emisiones a 722 millones, suma en la que deberían analizarse los componentes y condiciones de subsidio de cada préstamo). El texto reconoce que el nivel Subsidios Equivalentes al Productor de Brasil que llega al 5%, parece bajo contra el promedio de 18,6% que tiene la OECD. El examen se abstiene de comentar en detalle la histórica obligación de mezclar combustibles fósiles con etanol, lo que constituye una práctica universal que tiene efectos similares al sostén de precios. El ICTSD también recuerda que los subsidios distorsivos de Brasil (unos u$s 2.400 millones) se amparan en el de minimis del 10% de la producción agrícola relevante.