Al Ingeniero Horacio Vazquez lo conocí el año pasado y me impactó su historia. Es uno de los tenedores de la deuda argentina en default del año 2001 y que en lugar de aceptar el canje del 2005 o del 2010 decidió mantenerse firme reclamando el pago total. Algunos periodistas con ironía lo llamaron en estos días el buitre argentino, por tener el mismo reclamo que los fondos triunfadores en el juicio de Nueva York. Lo que le tocó vivir, dista mucho de parecerse a lo que ese animal representa.
En verdad, fue una de las tantas víctimas de las acciones o inacciones de los gobiernos argentinos. Sufrió una odisea. Los que aceptamos los canjes también fuimos víctimas. A cambio de evitar un largo juicio y tener la tranquilidad de cobrar algo, nos resignamos a una quita del 66% del valor original de los activos. Sin conocernos con Horacio en el 2005, encaramos el mismo problema, la falta de pago del gobierno argentino, teniendo el mismo objetivo, tratar de recuperar los ahorros invertidos en la Argentina, con dos estrategias distintas. La curiosa situación actual, en manos del juez Griesa y de la Presidenta Cristina, parecería querer colocarnos en veredas enfrentadas. ¿Por qué? El juez busca hacer que la Argentina cumpla con el fallo que emitió.
Los diversos embargos que se intentaron no tuvieron demasiada suerte. Por eso, ahora presiona para que los tenedores de deuda canjeada no puedan cobrar mientras no se cumpla con la sentencia. No embarga en forma directa esos fondos destinados a pagar los vencimientos de la deuda canjeada porque sabe que el Banco de Nueva York, responsable de los pagos, maneja un fideicomiso y como tal tienen un destino específico, que no puede verse afectado por los problemas de quien lo constituyó anteriormente. En vez de ello, trata de que el pago no pueda ejecutarse. Esa presión llevaría al gobierno argentino a pagar el juicio con los holdouts. Los perjudicados son los tenedores de la deuda canjeada, que se ven en medio de un conflicto que justamente trataron de evitar cuando aceptaron los títulos del canje.
Por el otro lado, el gobierno hace todo lo posible para no pagar el fallo perdido. Depositando los fondos del cupón vencido busca descargar en Griesa las responsabilidades de un inminente default. Su escasa voluntad de negociar es evidente. En la etapa en que se negocia un litigio, antes de una sentencia definitiva, no lo hacía. Insistió en no pagarles a los buitres. Recién habla de negociar cuando judicialmente está totalmente perdido. Es obvio que no va a ser fácil obtener algo de la otra parte cuando ésta ya ganó. El Gobierno nunca pensó en que terminaría pagando a los que no adhirieron a los canjes de deuda. De hecho, en octubre de 2012 se dictó el fallo de Griesa y desde entonces formuló apelaciones y recursos para tratar de estirar el desenlace del caso.
Si se lo mira adecuadamente, el gobierno tuvo éxito en dilatar el compromiso con los holdouts. Fue ingenuo, sin embargo, al pensar que esa dilación se prolongaría hasta el infinito. Así, en este momento, la suerte es adversa para ambos acreedores. Los del juicio no cobran. Los de los de la deuda canjeada tampoco. ¿Quiénes pueden estar contentos? Quizá algunos de nuestros políticos gobernantes y de la oposición que festejaron con algarabía en el Congreso el default del 2001 porque no tenían títulos de deuda del país que administraban. De haberlos tenido en ese momento, no habrían estado tan contentos. Y luego le hicieron vivir a los acreedores, tanto los holdouts como los del canje, un calvario con muy pocos precedentes. Las enormes quitas del canje del 2005 (66% de la deuda), la intervención del INDEC para pagar menos por los bonos ajustables por inflación (más de u$s 30.000 millones que se esfumaron), el cambio del índice de crecimiento del PBI para no pagar el cupón a vencer a fin de año (u$s 3.000 millones) son muestras del padecimiento de quienes confiaron en la voluntad de desendeudarse del actual gobierno. Es evidente: los buitres no solo anidan en el juzgado de Griesa.