En estos días se han producido hechos que, intencionalmente o no, conducen a confusión de conceptos jurídicos inopinables. Es intolerable ser espectador del saqueo del Estado de todos, y no tener resultados ni consecuencias.

En este contexto, la referencia a los fueros constitucionales se convierte en una burla absurda e inaceptable. Sin embargo, es necesaria su vigencia y la debida protección de los legisladores, que en el ámbito político de sus funciones, evite maniobras desestabilizadoras con veladas intenciones de otros Poderes.

Esto no significa, que un legislador no pueda ser puesto a disposición de la justicia en iguales condiciones que cualquier ciudadano por hechos delictivos anteriores y ajenos a su cargo. Sólo favorece la conducta, también corrupta , de ingresar al Congreso con el interés de cubrirse del accionar de la justicia. Es precisamente lo que no debemos tolerar más. Por ello, es absolutamente vergonzoso, que quienes se encuentran con variados procesamientos dictados, incluso con condenas de altos tribunales, se proclamen candidatos de cargos que les ofrecería la protección de dichos privilegios.

En el Congreso, se encuentran desde hace más de un año, sendos proyectos de reforma de la ley 25.320 (de Fueros), que pretende regularlos, brindando mayores garantías a la sociedad ante la pretendida impunidad de inescrupulosos oportunistas. No obstante, por falta de consensos no se avanzó. Son los mismos que pretendieron inventar una mediática renuncia de Fueros anticipada absolutamente inviable desde el punto de vista legal y jurídico.

El privilegio de inmunidad está otorgado por la Ley Fundamental a la banca que ocupa un legislador, en modo alguno le pertenece a la persona del mismo, por lo tanto no puede ser renunciado sin renunciar a la propia banca. Es un censurable engaño a la sociedad.

En mi carácter de precandidata a Diputada Nacional, he iniciado una acción de inconstitucionalidad de la mencionada ley art. 1 último párrafo, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que se declare su nulidad, por cuanto se impide los allanamientos a legisladores sin previa autorización de la Cámara, lo cual torna la investigación de la causa en una verdadera utopía, sobre todo respecto de procesos penales iniciados con anterioridad a sus cargos, y conductas totalmente ajenas a la banca de legislador.

Señores candidatos honren su tarea desde que se animan a postularse, para lo cual lo mínimo que merece la sociedad, es que no se encuentren sometidos a acciones penales previas y por conductas que nada tienen que ver con la banca que pretenden.

Legisladores honren sus cargos, debatiendo los proyectos en el ámbito y tiempo que corresponde en lugar de salir a manifestar una renuncia inviable e improcedente, hecho que además no deberían desconocer. Hablemos claro y recuperemos el valor institucional del Congreso.