La geoeconomía le ofrece hoy a la Argentina una oportunidad distintiva, y en buena medida excepcional. En un mundo que reorganiza sus cadenas de suministro según criterios de seguridad, confiabilidad y afinidad estratégica, nuestro país tiene lo que muchos buscan: energía, minerales críticos y alimentos. A eso se suman el turismo en una región de paz y las industrias basadas en el conocimiento. ¡Organicémonos!, podría ser el lema nacional de acción colectiva,

En esa tarea, las provincias cumplen un papel central para la inserción del país en las cadenas globales de valor. Hay tres razones. Primero, porque el territorio es intransferible. Una inversión en litio, en cobre, en Vaca Muerta o en un puerto no ocurre en abstracto: ocurre en un lugar concreto. Los sectores que pueden impulsar el crecimiento argentino están en territorios específicos con identidades institucionales y sociohistóricas.

Segundo, porque el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Desde 1994, quien quiera invertir en recursos naturales en la Argentina tarde o temprano dialoga/negocia con un gobierno provincial.

Tercero, porque las provincias generan las condiciones sociales y políticas para que las inversiones se concreten. Sin estabilidad macroeconómica, condiciones institucionales y, en muchos casos, un marco geopolítico conducido por el Gobierno Nacional, las inversiones no pueden siquiera comenzar. Pero el ritmo de los proyectos, y sobre todo la capacidad de resolver los problemas que surgen en su ejecución, dependen de la gestión provincial. Hay que decirlo también: por falta de esas capacidades, algunas provincias no logran aprovechar las oportunidades globales. Los inversores internacionales lo saben, y por eso abren cada vez más líneas de trabajo directas con los gobiernos provinciales.

Los ejemplos están a la vista. En los últimos días, la Argentina y el Eximbank de Estados Unidos anunciaron un acuerdo estratégico para financiar el Corredor Andes-Atlántico, con inversiones previstas de hasta 7000 millones de dólares. Es un logro de gran magnitud, y su ejecución involucra directamente a las provincias: Neuquén, Río Negro y las provincias cordilleranas serán protagonistas por su peso en minerales críticos y energía. Lo mismo ocurre con la Hidrovía: no hay estrategia posible sin la participación de las provincias en el desarrollo de los puertos interiores.

Nuestra Cancillería trabaja de manera sostenida con las provincias. Además de un sinnúmero de actividades en los territorios, cuenta con el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, el ámbito en el que las provincias coordinan acciones con el Gobierno Nacional. Esa agenda podría fortalecerse de dos maneras. La primera, como ocurre en otros países, es establecer un enlace permanente de la Cancillería en cada provincia o en las regiones productivas del país. La segunda es incorporar a la formación de nuestros diplomáticos destinos temporales en las provincias. Un diplomático que trabajó en Catamarca, Neuquén o Rosario puede promover mejor a la Argentina en el exterior.

Otros países federales ya avanzaron en esta dirección. Brasil tiene oficinas de representación de Itamaraty en sus principales estados, con diplomáticos de carrera que rotan por ellas: resuelve, al mismo tiempo, el enlace y la formación territorial. Australia, un país federal exportador de minerales y energía como el nuestro, tiene oficinas de su cancillería en cada capital estadual. Canadá coordina su servicio comercial exterior con las agencias de promoción provinciales. India creó en 2014 una División de Estados en su cancillería para acompañar la atracción de inversiones subnacionales. Alemania institucionalizó, desde el Acuerdo de Lindau de 1957, la consulta a los Länder en las materias de su competencia. Son modelos distintos con una misma lógica: la política exterior de un país federal funciona mejor cuando está vinculada con sus territorios.

La Argentina tiene hoy una oportunidad. El mundo demanda lo que producimos y las provincias ya trabajan para ofrecerlo. El imperativo es trabajar juntos, Nación y provincias, a través de espacios institucionales y de coordinación que sobrevivan a los ciclos políticos. En la geoeconomía del siglo XXI, el federalismo puede ser una de nuestras principales fortalezas.