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El Gobierno colombiano inició los preparativos para definir el salario mínimo de 2026, un tema que genera expectativas tanto entre trabajadores como empresarios. La decisión promete marcar un precedente en la política laboral del país y busca equilibrar las necesidades de los empleados con la sostenibilidad económica.
A pesar de que la negociación formal aún está a semanas de empezar, el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores han comenzado un diálogo preliminar.
El objetivo es llegar a acuerdos que garanticen un salario justo y condiciones laborales dignas para millones de colombianos que dependen de este ingreso.
Comisión Permanente de Concertación: escenario clave para el diálogo laboral
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el principal espacio de discusión sobre temas laborales y salariales en Colombia. Su objetivo es fomentar el diálogo social entre el Gobierno, los gremios y las centrales obreras, y contribuir a la solución de conflictos colectivos de trabajo.
El 15 de septiembre de 2025, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la reanudación de esta comisión para avanzar en la definición del salario mínimo, fortalecer la formalización laboral y garantizar pensiones seguras.
Principales objetivos y convenios internacionales que guían el aumento del salario mínimo
El proceso de negociación tendrá en cuenta varios convenios internacionales de la OIT, como el Convenio sobre Trabajo Marítimo (2006), el Convenio 102 sobre Seguridad Social y el Convenio 187 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Estos acuerdos buscan garantizar condiciones laborales justas, seguridad social mínima, protección en salud y un entorno de trabajo seguro, promoviendo estándares globales que sirvan de marco para Colombia.
Impacto esperado del aumento del salario mínimo
El salario mínimo actual es de $1.423.500, tras un aumento de 9,54% decretado previamente por el Gobierno. Para 2026, se espera un incremento histórico que podría superar la inflación, beneficiando a más de tres millones de trabajadores colombianos.
La medida no solo afectará el ingreso mensual, sino también pensiones y derechos laborales, consolidando un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los empleados del sector público y privado que perciben este ingreso mínimo.