La situación judicial de Sandra Liliana Ortiz volvió a captar la atención pública tras una decisión que despejó dudas, pero abrió nuevos interrogantes. La exconsejera presidencial para las regiones continuará privada de la libertad mientras avanza una investigación de alto perfil que involucra presuntos hechos de corrupción estatal. Aunque la defensa buscaba su salida de prisión por vencimiento de términos, el fallo reciente dejó en claro que el camino elegido no fue suficiente para modificar su situación. La determinación judicial mantiene en suspenso el futuro inmediato de Ortiz y refuerza el peso del proceso que se sigue en su contra. Detrás de esta resolución hay argumentos jurídicos clave, recursos que no se agotaron y un debate sobre los límites de las acciones constitucionales. El trasfondo del caso comienza a aclararse al revisar en detalle la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Tutelas Número 1 de la Sala de Casación Penal resolvió negar la solicitud de libertad presentada por la defensa de Sandra Ortiz mediante una acción de tutela. El alto tribunal concluyó que no existió vulneración de derechos fundamentales que justificara su intervención extraordinaria. Según la Corte Suprema, la exfuncionaria contaba con un recurso judicial idóneo, específicamente la apelación contra la decisión que ya había negado su libertad. Al desistir voluntariamente de ese mecanismo, la defensa cerró la posibilidad de que la tutela actuara como vía alternativa para revertir la medida de aseguramiento. Sandra Ortiz es investigada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en el marco del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las autoridades buscan establecer su presunta participación en un entramado que habría afectado recursos públicos. Mientras el proceso penal continúa, la Corte fue enfática en señalar que el hábeas corpus no podía reemplazar el debate judicial pendiente, ni utilizarse para desplazar recursos ordinarios. Al no advertirse fallas graves en las decisiones previas, la acción fue declarada improcedente. De esta manera, Sandra Ortiz deberá permanecer privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, a la espera de que se defina su responsabilidad penal. El caso sigue abierto y su desenlace dependerá de las pruebas y decisiones que se adopten en las siguientes etapas del proceso.