En esta noticia
De acuerdo con el Código de Inmigración de EE.UU., las personas que se quedan más de 180 días pero menos de un año después de que expire su estadía autorizada enfrentan una prohibición de reingreso de tres años. En caso de superar el año, la sanción puede llegar a los diez años de veto para volver a pisar suelo estadounidense, incluso si la salida fue voluntaria.
Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede emitir una orden de deportación inmediata si detecta que un extranjero permanece en el país sin autorización vigente.
Esta medida afecta tanto a quienes ingresaron legalmente y se quedaron de más como a quienes nunca tuvieron visa válida.
¿Quiénes están más expuestos a estas sanciones?
Los principales afectados suelen ser turistas, trabajadores temporales y estudiantes que, por desconocimiento o descuido, no renuevan o ajustan su estatus a tiempo. Sin embargo, la ley se aplica por igual a todas las nacionalidades, sin excepciones.
El DHS recomienda verificar constantemente la fecha de expiración del permiso de estadía, que no siempre coincide con la fecha de vencimiento de la visa. Esta información figura en el formulario I-94, disponible en línea para cada viajero.
Cómo evitar la infracción y regularizar la situación migratoria
Para evitar sanciones migratorias, USCIS aconseja iniciar una solicitud de extensión o cambio de estatus antes de que expire el tiempo autorizado de permanencia. Si la solicitud se presenta a tiempo, el extranjero puede permanecer legalmente mientras se resuelve el trámite, aunque la fecha original haya pasado.
En caso de duda o demora, es recomendable contactar con un abogado de inmigración o acercarse a una oficina del USCIS para recibir asesoría oficial.
Entidades responsables de hacer cumplir estas medidas
Las agencias encargadas de aplicar estas políticas migratorias son:
- USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services)
- CBP (Customs and Border Protection)
- ICE (Immigration and Customs Enforcement)
- DHS (Department of Homeland Security)
Todas ellas trabajan en conjunto para monitorear, detectar y sancionar las permanencias irregulares en el país, y mantienen un registro digital actualizado de ingresos y salidas.