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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves a 12 exmilitares colombianos por su participación en 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas entre 2002 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Se trata de la primera sentencia restaurativa contra miembros del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el marco del conflicto armado interno.
Sentencia restaurativa: qué sanciones recibirán los exmilitares
La decisión judicial establece penas restaurativas de entre cinco y ocho años, que no implican prisión, sino la ejecución de proyectos en beneficio de las comunidades afectadas.
Los condenados, todos pertenecientes al Batallón La Popa, deberán participar en la construcción de memoriales, obras de infraestructura comunitaria, apoyo a proyectos productivos y acompañamiento a pueblos indígenas y afrodescendientes.
Los responsables de los crímenes de guerra en Colombia
Entre los sancionados figuran oficiales, suboficiales y soldados que admitieron su responsabilidad en los denominados "falsos positivos", una práctica sistemática en la que civiles inocentes eran ejecutados y presentados como guerrilleros caídos en combate.
Las víctimas eran en su mayoría jóvenes campesinos de entre 18 y 34 años, reclutados con engaños y seleccionados por su condición de vulnerabilidad económica y social.
Qué son los falsos positivos en Colombia
Los falsos positivos representan uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado. Miles de civiles fueron asesinados para inflar las cifras militares y mostrar supuestos resultados en la lucha contra las guerrillas. A cambio, los soldados recibían condecoraciones, permisos y otros beneficios.
La JEP ha documentado al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, dentro de su macrocaso 03, que investiga este patrón criminal a nivel nacional.
Un precedente clave para la justicia transicional en Colombia
La sentencia, conocida como "Subcaso Costa Caribe", es la segunda decisión bajo el modelo restaurativo de la JEP. La primera se dictó contra exintegrantes de las FARC, incluido Rodrigo Londoño, máximo jefe de esa guerrilla.
Para los magistrados, estas decisiones no solo reparan a las víctimas, sino que también consolidan la verdad histórica frente a un periodo marcado por la violencia estatal.
Impacto de la sentencia en la memoria y la democracia
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que la justicia transicional busca impedir el negacionismo histórico y garantizar que crímenes como estos no vuelvan a repetirse. "Ninguna sociedad debería tolerar que inocentes fueran asesinados y convertidos en simples cifras", señaló durante la lectura del fallo.
Con este precedente, la JEP refuerza su papel como pilar del Acuerdo de Paz en Colombia, garantizando sanciones efectivas, verdad para las víctimas y memoria para el país.
Con información de EFE.-