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Un fallo judicial en Boston bloqueó los intentos del expresidente Donald Trump de revocar el permiso que permite a la Universidad de Harvard inscribir estudiantes internacionales. La jueza federal Allison Burroughs dictó una orden preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspender la certificación del programa SEVP mientras el caso siga en curso.
La decisión representa un revés legal para Trump, quien en paralelo afirmó en su red Truth Social que "es muy posible que se anuncie un acuerdo con Harvard la próxima semana". Aunque no se conocen los términos exactos, el expresidente describió el posible entendimiento como "histórico" y elogió la conducta de la universidad durante las negociaciones.
La Universidad de Harvard llega a un acuerdo con Donald Trump para las vacantes de estudiantes extranjeros
La orden judicial le impide al DHS actuar de manera inmediata contra Harvard, forzando al gobierno a realizar un proceso administrativo formal antes de intentar suspender la certificación SEVP. Esto significa que los más de 7,000 estudiantes internacionales de la universidad podrán continuar sus estudios sin interrupciones.
Además, la medida amplía una protección temporal que ya se había otorgado en mayo, reforzando la posición legal de Harvard ante los intentos de limitar su capacidad para recibir alumnos extranjeros. La jueza Burroughs consideró que una suspensión inmediata causaría "daños irreparables" tanto a la institución como a los estudiantes afectados.
¿Cuándo le pondrán fin a la guerra entre Harvard y Trump?
Trump anticipó que un acuerdo con Harvard podría cerrarse "en la próxima semana o algo así", aunque no brindó detalles. En su publicación, calificó las conversaciones como "muy positivas" y señaló que la universidad se ha comportado "de forma extremadamente apropiada" durante el proceso.
Mientras tanto, la orden judicial se mantiene vigente y Harvard conserva el derecho a inscribir estudiantes extranjeros. Hasta que exista un acuerdo formal, la universidad continúa ganando terreno legal frente al gobierno federal.