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La administración Trump ha reactivado una de las herramientas más polémicas del sistema legal estadounidense: la desnaturalización, es decir, la revocación de la ciudadanía a personas que la obtuvieron por medio del proceso de naturalización.
Esta medida, que durante décadas fue usada de forma excepcional, ahora se transforma en un eje clave de la política migratoria más dura de los últimos tiempos.
Atención inmigrantes: el nuevo enfoque del Departamento de Justicia
Según un memorando reciente del Departamento de Justicia (DOJ), los fiscales federales deberán priorizar la desnaturalización de personas condenadas por ciertos crímenes graves, como terrorismo, violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra o asesinatos extrajudiciales. Pero también podrían verse alcanzados quienes representen, según el criterio del gobierno, una "amenaza continua" para el país.
La instrucción del DOJ no deja lugar a dudas: se busca "maximizar los procedimientos de desnaturalización" en todos los casos posibles, siempre que la ley lo permita y haya evidencia.
¿Qué significa ser desnaturalizado?
La desnaturalización es el proceso legal por el cual se revoca la ciudadanía estadounidense a personas que no la obtuvieron por nacimiento, sino a través del sistema de naturalización, luego de cumplir requisitos como:
Tener residencia permanente legal (green card) por al menos 5 años (o 3 si están casados con un ciudadano).
Aprobar un examen de inglés, historia y civismo.
Demostrar buena conducta moral.
Según el Migration Policy Institute, más del 50% de los inmigrantes en EE.UU. son ciudadanos naturalizados. En total, se calcula que más de 7.9 millones de personas obtuvieron su ciudadanía por esta vía entre 2014 y 2024.
Aumenta la desnaturalización: un salto en los casos desde la era Trump
Históricamente, la desnaturalización fue poco frecuente. Entre 1990 y 2017, el DOJ presentó apenas 305 casos, con un promedio anual de 11. Sin embargo, con la llegada de Trump al poder, la tendencia cambió:
En 2017 se duplicó la cifra del año anterior, con 30 casos presentados.
En 2018, el USCIS identificó más de 2,500 casos sospechosos, de los cuales 110 fueron remitidos al DOJ para avanzar en su revisión.
El nuevo memorando implica que estas cifras podrían seguir creciendo significativamente.