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Cada año, todos los contribuyentes en los Estados Unidos están obligados a cumplir con trámites específicos para informar sobre su actividad económica y activos financieros, conforme a la regulación establecida por el Gobierno. Estas normativas son fundamentales para mantener la transparencia y el orden en el sistema financiero.
El incumplimiento de estas regulaciones puede acarrear severas consecuencias, que incluyen el embargo de bienes y la intervención de cuentas bancarias. Por lo tanto, es imperativo que los contribuyentes se mantengan informados y cumplan con las obligaciones establecidas.
El Gobierno ejecuta embargos de propiedades y congela cuentas bancarias
La política se inscribe dentro de las políticas de tolerancia cero implementadas por el actual gobierno en el sistema migratorio. Aunque la confiscación de bienes a criminales no es una práctica inédita en Estados Unidos, su aplicación generalizada a inmigrantes en función de su estatus migratorio requeriría nuevas leyes o reinterpretaciones del derecho civil y penal.
La iniciativa “Regreso a casa”, promovida por el presidente Donald Trump, tiene como objetivo confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de inmigrantes indocumentados en el marco del proceso de deportación. Esta estrategia busca desincentivar la permanencia ilegal en el país y reducir los recursos disponibles para aquellos que han ingresado sin autorización.
La legalidad de la confiscación de bienes y cuentas bancarias sin orden judicial
En Estados Unidos, estar en situación migratoria irregular no es un delito penal, sino una infracción civil. Por lo tanto, la confiscación de bienes únicamente por esta razón, sin ninguna conducta delictiva asociada, no es legal bajo la Constitución ni bajo el debido proceso.
La Corte Suprema ha determinado que todas las personas que se encuentren en el territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio, están protegidas por la Cuarta Enmienda, la cual prohíbe registros e incautaciones “irrazonables” sin orden judicial o causa probable.
Por este motivo, todo indica que, si el gobierno de Donald Trump intenta avanzar en esta dirección, se abrirá una dura batalla en los tribunales.