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El Gobierno de Estados Unidos anunció medidas más duras contra la inmigración ilegal, que incluyen la posibilidad de confiscar bienes, vehículos y cuentas bancarias a quienes permanezcan en el país sin autorización.
La estrategia, bautizada como "Regreso a casa", forma parte de la política de tolerancia cero impulsada por el presidente Donald Trump.
Estados Unidos embarga los bienes de todas estas personas: ¿en qué consiste la nueva medida?
Según lo planteado por la administración Trump, el objetivo es quitar recursos económicos a inmigrantes indocumentados, limitando su acceso a cuentas bancarias, propiedades e incluso automóviles. Con ello se busca que todos los extranjeros realicen el trámite para obtener los permisos de permanencia, desincentivar la ilegalidad en el país y acelerar los procesos de deportación.
Sin embargo, la aplicación de esta iniciativa requiere cambios legales o una reinterpretación del derecho civil y penal, ya que la práctica de embargar bienes por el simple estatus migratorio no está reconocida en la legislación actual.
¿Puede el Gobierno confiscar bienes sin orden judicial?
En Estados Unidos, la Corte Suprema ha establecido que todas las personas en territorio estadounidense -incluidos los inmigrantes indocumentados- están protegidas por la Cuarta Enmienda, que prohíbe registros e incautaciones "irrazonables" sin orden judicial o causa probable.
Además, la situación migratoria irregular se considera una infracción civil, no un delito penal. Por lo tanto, la confiscación de bienes solo por esta razón sería inconstitucional y violaría el debido proceso.
Qué puede pasar si avanza la política de Trump
Especialistas advierten que, si el Gobierno intenta implementar la política "Regreso a casa" tal como se plantea, se abriría una batalla legal en los tribunales federales. En ese escenario, organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de inmigrantes ya anticipan que recurrirían inmediatamente a la justicia para frenar los embargos masivos.