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En Estados Unidos, existe una medida oficial que permite al Gobierno retener una parte del sueldo cuando un trabajador tiene una deuda federal sin pagar. Este descuento puede llegar hasta el 15% del salario disponible y se aplica de forma directa, sin necesidad de una orden judicial.
Antes de que esto ocurra, la autoridad envía una notificación con un plazo de 30 días para que la persona pueda actuar. Durante ese tiempo es posible regularizar la situación, presentar objeciones o buscar alternativas que eviten que el descuento se haga efectivo.
¿Qué hay que haber "olvidado pagar" para que el Gobierno embargue el salario?
Se trata de los préstamos estudiantiles federales en incumplimiento (default). En estos casos, el Departamento de Educación está habilitado a ordenar al empleador el descuento de hasta el 15% del salario disponiblehasta que la deuda se cancele o salga del estado de default, sin necesidad de demanda judicial.
El proceso inicia con el aviso: allí se detallan la deuda, los derechos del trabajador y las opciones para objetar o evitar el embargo. La gestión operativa y la salida del default se tramitan ante Federal Student Aid (FSA).
¿Cómo evitar el embargo y cuáles son los derechos del trabajador?
Hay dos vías inmediatas: acordar un plan de pago con el prestamista (y realizar el primer pago dentro de 30 días desde el aviso) o solicitar por escrito una audiencia dentro del mismo plazo.
En la audiencia se puede objetar la deuda, alegar dificultad económica extrema, o invocar la regla que impide embargar si la persona lleva menos de 12 meses en el empleo actual tras una separación involuntaria previa.
La autoridad suele decidir en alrededor de 60 días desde que recibe el pedido. Si la objeción prospera, el embargo no se aplica por 12 meses o se reduce el porcentaje; si no prospera, rige el 15% permitido por ley. Además, la ley federal protege contra el despido por una única orden de embargo.
Plazos clave
- 30 días: para pagar, negociar o pedir audiencia.
- 60 días: plazo usual para la decisión.
- 12 meses: protección si hubo separación involuntaria y aún no se cumple un año en el empleo actual.