Luego de los primeros día de este nuevo año, surge la tentación de formular un balance 2010 y de esbozar una descripción de los escenarios posibles para el 2011.

Queda la sensación de que muchas de las características que se dieron pueden volver a presentarse en el año próximo, amplificadas por tratarse de un año electoral.

Hemos tenido una visible presión sindical en múltiples campos. Por la conflictividad, por verificar un activismo creciente que no sólo se exteriorizó a través de mayor cantidad de huelgas, piquetes y bloqueos sino también porque fue acompañado por una creciente influencia sindical en el frente legislativo y judicial donde todas las reformas laborales producidas en los últimos años llevan a una mayor protección nominal del trabajador y consecuentemente una mayor brecha entre el mundo formal y el informal, entre la realidad de la gran empresa y la micro y pequeña.

En materia de metodología en conflictos laborales no se trata solamente -pero nada menos-de bloqueos, piquetes y huelgas salvajes sino de recurrir a todas estas instancias como si se tratara del ejercicio constitucional de huelga y ello claramente no es así. Estas conductas pueden ser contempladas más bien como el abuso de una situación de hecho.

Por otro lado, se constata una proliferación de iniciativas legislativas -lamentablemente ya sancionadas o en tramite legislativo- tendientes a rigidizar las relaciones laborales, sumar burocracia innecesaria, aumentar desmedidamente los costos laborales o perjudicar el poder de dirección empresarial, que constituyen hitos que han ido delineando una tendencia fuertemente negativa para las PYMES, desalentando la creación de empresas y empleo formal y mostrando que lamentablemente la micro y pequeña empresa no tiene otro camino que el de la informalidad o semiformalidad, si nos atenemos a la carga administrativa y fiscal o a la regulación laboral que nuestro país propicia, mientras el mundo se mueve en dirección inversa.

Como testimonio de ello, ambos problemas, el sindical y el legislativo, parecen conjugarse cuando toca referirse al proyecto sobre participación en las ganancias que la CGT propicia y que fue llevado al Congreso donde se pretende irrumpir en forma intempestiva con una formula copiada del modelo mexicano -que no solo ha sido holgadamente superada desde el punto de vista de la técnica sino también de la realidad- convirtiendo el poder sindical liso y llano en intromisión sindical en la vida de la empresa, lo que solo puede crear un contexto más confrontativo y una forma regresiva en vez de que dicha propuesta, formulada en términos que recojan las modernas tendencias en la materia y tenga descentralización en su implementación y ejecución, signifique un paso adelante y no un verdadero paradigma de ingerencia sindical en la vida de la empresa.

Si a esta exuberancia de poder sindical, afianzada por la peligrosa expansión de la llamada industria del juicio, le sumamos un proceso electoral donde se vislumbra que el sindicalismo pretenderá jugar fuerte su rol en la dilucidación de candidatos del partido gobernante o en la confrontación con los líderes de oposición, no cabe duda que nos acercamos a tiempos complejos.

El componente económico que se exacerba en esta descripción de escenarios se refleja en el activismo que provocan las expectativas inflacionarias y la carrera por los salarios, más ligada a criterios de expansión de la participación de los ingresos que a constituir el correlato de incrementos de productividad o de la competitividad.

En esas condiciones, los salarios del sector privado que han podido evolucionar en forma relevante, dado que en estos últimos años se venía produciendo la mejora del salario real en un escenario en que el empleo ha venido creciendo en forma sostenida, nos obliga a reflexionar seriamente cómo compatibilizar la sustentabilidad de las empresas con la generación y conservación de empleo productivo y decente.

Sólo logrando arbitrar formas de equilibrio entre estos términos y teniendo en cuenta que tal orientación debe conjugarse con un contexto macroeconómico estable y previsible, será posible transitar el año 2011 sin vicisitudes que desluzcan los indicadores que se han venido generando hasta ahora.

Los economistas, prácticamente sin excepción, vislumbran una gran oportunidad para la Argentina en el 2011, pero ello no podrá darse si los sindicatos no cumplen responsable y moderadamente el rol que tienen en la sociedad democrática, regida por el Estado de Derecho y basada en la economía de mercado. Tampoco si la legislación va más allá de limites razonables.

El desafío de un año eminentemente político, con economía en crecimiento y buenos niveles de empleo, no es el de reducirse a conservar o a mejorar solo a los insiders, que ya disfrutan -aún siendo obreros fabriles- de pertenecer a la clase media. El desafío es el disminuir la brecha, que haya menos pobres, que sean empleables y obtengan un trabajo.

Para ello hace falta que cada vez más los empresarios inviertan y creen nuevas empresas y que la recuperación post crisis del 2001 - 2002 se convierta en el impulso a la sustentabilidad de nuestra economía, con respeto a la ley y mecanismos que ayuden a solucionar los diferendos y las controversias.