En el último tiempo venimos asistiendo a un incremento significativo de la carga tributaria provincial, claramente impulsada por la necesidad de las provincias de cubrir el déficit de sus cuentas públicas. El impuesto más trascendente en el que los incrementos se han hecho visibles para las empresas es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En este sentido, numerosas jurisdicciones han incrementado sus alícuotas durante el año 2012, entre las cuales encontramos las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe, entre otras. Así este impuesto, que históricamente era estimado en torno a un 3%, ya tiene alícuotas generales para grandes contribuyentes en torno al 4% (Ciudad de Buenos Aires) ó 5% (Provincia de Buenos Aires), entre otras.

Existen numerosas cuestiones controvertidas en torno a este impuesto y a los incrementos que se han venido produciendo. Por ejemplo, algunas subas que se dieron recientemente han sido cuestionados por su técnica legislativa; tal es el caso del incremento vía decreto en la Provincia de Santa Fe o el adicional para el FoFiSE impuesto en la Provincia de Córdoba. Por otra parte, existen cada vez más casos de diferencias de alícuotas entre pequeños y grandes contribuyentes (con topes que varían según la jurisdicción), así como mayor cantidad de provincias con alícuotas diferenciales para contribuyentes extraterritoriales, es decir, contribuyentes que deben pagar el impuesto en la provincia pero poseen establecimiento en extraña jurisdicción, esto último de cuestionable legitimidad.

Se debe sumar a esto el efecto de los regímenes de recaudación, incluyendo los de retención, percepción y sobre acreditaciones bancarias. Varias jurisdicciones han dispuesto recientemente incrementos de alícuotas, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires. Si bien se trata de regímenes que en teoría tienen por objeto una anticipación en el cobro del impuesto, la proliferación de los mismos y el incremento de alícuotas originan en muchos casos la acumulación indefinida de saldos a favor, que con el tiempo se terminan transformando en mayores costos cuando su posibilidad de recupero se vuelve remota.

El impacto de los impuestos provinciales sobre las empresas se ha vuelto cada vez más relevante. El hecho que haya 24 jurisdicciones distintas emitiendo regulaciones (más las correspondientes al Convenio Multilateral) puede provocar en muchos casos una complejidad creciente en la administración de los mismos y en la actualización de alícuotas y montos. Es así como se puede encontrar en muchos casos que empresas por falta de información se encuentran aplicando alícuotas erróneas o regímenes de retención o percepción en forma desactualizada, generando contingencias significativas.

Al mismo tiempo se vuelve cada más importante monitorear la generación y acumulación de saldos a favor. Es importante para ello estar atentos a las distintas posibilidades que prevén las legislaciones para morigerar este tema, ya sea la posibilidad de obtener exclusiones o reducciones de alícuotas de retención/percepción en los padrones, mantener actualizados los coeficientes de Convenio Multilateral, solicitar la devolución de saldos a favor y en general controlar la correcta aplicación de los distintos regímenes por parte de proveedores y clientes. La falta de atención sobre este tema puede originar efectos no deseados a veces en un muy corto tiempo, originando situaciones que en muchos casos se pueden volver difíciles o costosas de corregir.