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México dio el primer paso para regular las stablecoins referenciadas al peso mexicano con una iniciativa presentada por el senador de Morena, Alejandro Murat Hinojosa, que busca crear los Activos Virtuales Estables (AVE), instrumentos digitales diseñados para operar como medios de pago bajo la supervisión de las autoridades financieras.
El proyecto propone reformar diversas disposiciones del sistema financiero mexicano para establecer un marco jurídico específico para estos activos digitales, cuya principal característica sería mantener una paridad de uno a uno con el peso mexicano y garantizar su convertibilidad inmediata a moneda nacional.
De acuerdo con la iniciativa, un AVE sería una representación digital de valor utilizada como medio de pago o instrumento de liquidación, registrada electrónicamente y emitida por entidades autorizadas que deberán respaldar los recursos necesarios para garantizar su conversión a pesos.
El documento precisa que estos activos no constituirían moneda de curso legal, sino instrumentos privados de pago digital.
Murat explicó que la propuesta toma como referencia el GENIUS Act de Estados Unidos, debido a la integración económica que existe entre México, Estados Unidos y Canadá.
“Tenemos que estar alineados a esa legislación para hablar el mismo idioma”, afirmó.
El legislador sostuvo que la economía digital requiere mecanismos de pago compatibles con los nuevos modelos de negocio y destacó que México debe incorporarse a una tendencia que ya avanza en otras regiones.
“Si queremos seguir teniendo la profundidad que ha ido construyendo el sistema financiero, tenemos que enfrentar con inteligencia esta realidad que ya existe en el mundo”, señaló.
Enfoque inicial en pagos
El senador explicó que la iniciativa fue diseñada como un esquema básico y conservador, enfocado exclusivamente en el sistema de pagos, dejando para etapas posteriores la discusión sobre otros posibles usos de estos instrumentos.
Aseguró que el peso mexicano seguiría siendo la única moneda nacional y que el Banco de México mantendría intactas sus facultades constitucionales.
“Son instrumentos digitales privados vinculados al valor del peso mexicano”, dijo.
Asimismo, indicó que los emisores tendrían que garantizar reservas suficientes para asegurar la convertibilidad de los AVE en todo momento, bajo un principio de paridad uno a uno.
Buscan inclusión financiera y menor uso de efectivo
Durante la presentación, Claudia Núñez, directora general de Fintech México, señaló que la regulación financiera debe responder a los retos que enfrenta el ecosistema digital y considerar las diferencias entre empresas emergentes y participantes de mayor tamaño.
Destacó que alrededor de 85% de los pagos menores a MXN$ 500 continúan realizándose en efectivo, mientras que aproximadamente 40% de la población permanece fuera del sistema bancario.
También indicó que sólo uno de cada cuatro créditos solicitados por primera vez por una micro, pequeña o mediana empresa es aprobado.
Ante ello, consideró necesario impulsar herramientas como el uso de datos alternativos y esquemas de Open Data que permitan ampliar el acceso a productos financieros para personas y negocios que actualmente carecen de historial crediticio.
“La tecnología es el medio para lograr que las personas estén incluidas financieramente”, afirmó.
Protección al usuario y supervisión
La iniciativa contempla la participación de diversas autoridades financieras. El Banco de México tendría atribuciones relacionadas con autorizaciones, reservas y convertibilidad; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisaría la operación, infraestructura tecnológica y ciberseguridad; mientras que la Secretaría de Hacienda participaría en la prevención de lavado de dinero.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atendería aspectos relacionados con la protección al consumidor, reclamaciones y publicidad.
Murat señaló que uno de los objetivos centrales del proyecto es evitar riesgos para el sistema financiero y fortalecer la confianza de los usuarios mediante reglas claras y mecanismos de supervisión.
La propuesta también incorpora sanciones para incumplimientos y conductas indebidas, con el fin de prevenir fraudes, lavado de dinero y otras prácticas que puedan afectar a consumidores o participantes del mercado.
El senador adelantó que buscará construir consensos con instituciones financieras, empresas tecnológicas, reguladores y demás actores del sector antes de avanzar en el proceso legislativo y presentar formalmente la discusión ante el Banco de México.