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El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que iniciará una revisión de los registros de más de 55 millones de personas extranjeras que hoy tienen una visa vigente, para detectar posibles violaciones migratorias que puedan derivar en la revocación del documento y en la expulsión del país.
La medida fue confirmada por la propia agencia en una respuesta escrita ante una consulta de The Associated Press, y se enmarca en lo que definieron como una política de “vigilancia continua” sobre quienes obtuvieron un permiso de ingreso o permanencia en el país.
Qué tipo de infracciones pueden costar la visa
Según explicó el organismo, el análisis incluye antecedentes policiales, historial migratorio y cualquier información relevante que aparezca después de haber emitido la visa. Entre los motivos que pueden derivar en la revocación se encuentran:
- Excesos en el tiempo de estadía autorizado
- Delitos y amenazas a la seguridad pública
- Vínculos o apoyo a organizaciones o Estados señalados por terrorismo
- Infracciones como conducir bajo el efecto de alcohol o drogas
El Departamento de Estado aclaró que no solo apunta a delitos violentos: cualquiera de estos motivos puede derivar en la cancelación inmediata de la visa y en el inicio de un proceso de deportación para quienes ya se encuentren en el país.
Un endurecimiento que ya dejó miles de visas revocadas
La agencia remarcó que, desde la asunción de Donald Trump se aplicó un endurecimiento progresivo de los controles migratorios, inicialmente centrado en estudiantes vinculados a actividades políticas sobre Oriente Medio, y ahora ampliado a una revisión mucho más general.
De acuerdo con el propio Departamento de Estado, desde el día de la investidura se revocaron más del doble de visas —y casi cuatro veces más visas estudiantiles— que en el mismo período del año anterior. En ese marco, ya se anularon más de 6,000 visas de estudiantes, de las cuales unas 4,000 correspondieron a violaciones de leyes federales, estatales o locales, y entre 200 y 300 a casos vinculados con organizaciones consideradas terroristas.
El proceso de revisión también contempla el análisis de cuentas en redes sociales y antecedentes policiales en los países de origen de los solicitantes, además de entrevistas presenciales obligatorias para todos los nuevos trámites.
