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En los últimos años, el sistema tradicional de apellidos en México ha sido objeto de cuestionamiento desde instancias judiciales y legislativas. Recientemente, un fallo fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una propuesta legislativa originada en Puebla podrían consolidar un cambio significativo: el Estado ya no tendrá la facultad de anteponer el apellido paterno por defecto, permitiendo, en caso de desacuerdo entre los padres, que el apellido materno adquiere el primer lugar.
Históricamente, el orden de los apellidos en México se consideró una formalidad inalterable: el apellido del padre se registraba primero, seguido del de la madre. Esta costumbre, aplicada de manera casi automática por los registros civiles, aunque no estaba explícitamente estipulada en todas las normativas, funcionó durante décadas como una regla no escrita que configuró la identidad legal de innumerables personas.
El fallo de la Suprema Corte que desmanteló una tradición centenaria
El fallo estableció un precedente obligatorio que los estados deben acatar, marcando un antes y un después en la regulación de la identidad legal, aunque no modificó automáticamente todos los códigos civiles del país.
En 2022, la Suprema Corte resolvió que imponer de manera automática el apellido paterno como primero en el acta de nacimiento es inconstitucional. Esta práctica fue considerada por los ministros como una violación al principio de igualdad y no discriminación, al reproducir una visión jerárquica de la familia que coloca al padre en una posición simbólicamente superior.
El máximo tribunal sostuvo que el orden de los apellidos forma parte del derecho a la identidad y que el Estado no puede imponer criterios basados en estereotipos de género. A partir de este criterio, los registros civiles deben permitir que los padres elijan libremente el orden de los apellidos de sus hijos, sin obstáculos administrativos ni interpretaciones restrictivas de la ley.
Hidalgo y el caso Alfajayucan: de la norma a la práctica
El registro de la pareja se transformó en un evento histórico para el municipio de Alfajayucan, Hidalgo, siendo aclamado por las autoridades locales como un progreso en la igualdad de género. Este caso reveló que el obstáculo principal no radicaba en la legislación, sino en aspectos culturales; muchas familias ignoran su derecho a decidir o enfrentan resistencias al tratar de distanciarse de las tradiciones.
El impacto del fallo comenzó a manifestarse en situaciones concretas. En octubre de 2022, se observó que una pareja decidió registrar a su hija, priorizando el apellido materno. A pesar de que la legislación estatal permitía esta opción desde 2015, su ejercicio era poco frecuente debido a la presión social y a la inercia institucional.
Este caso evidenció que, si bien el cambio es factible, la falta de regulaciones claras puede llevar a que la implementación dependa de la voluntad de los funcionarios o del acuerdo dentro de la familia.
Puebla va más allá: se asignará automáticamente el apellido materno si no hay acuerdo
Con ese contexto, Puebla decidió avanzar un paso más. En abril de 2025, la diputada local de Morena, Graciela Palomares Ramírez, presentó una iniciativa para reformar el Código Civil estatal. La propuesta mantiene la libertad de elección, pero introduce un criterio concreto para resolver los desacuerdos.
Desde su perspectiva, la tradición vigente es discriminatoria, ya que reproduce una desigualdad estructural bajo la apariencia de neutralidad administrativa. La iniciativa apunta, además, a evitar conflictos y dilaciones en el registro de nacimiento, garantizando certeza jurídica desde el primer momento.
Según el proyecto, si los padres no logran ponerse de acuerdo sobre el orden de los apellidos, el Registro Civil deberá asignar automáticamente el apellido materno en primer lugar. La legisladora argumentó que esta medida busca romper con la inercia histórica que siempre terminó favoreciendo al apellido paterno cuando no había consenso.