Se necesita un inspector para atrapar a otro inspector. Por eso el personal que trabaja en China para SGS, la firma de auditorías, debe ser controlado. Es una sabia precaución, aseguró Jean-Pierre Méan, asesor general del grupo con sede central en Ginebra, en un entorno donde a los empleados frecuentemente se les ofrece un gesto de buena voluntad mediante un sobre con 10 o 20 dólares, ya sea en forma directa o discretamente escondido entre papeles. Cualquier suma aceptada inadvertidamente se devuelve a quien la entregó junto con una explicación.
Los regalos, que son muy habituales en el ámbito corporativo chino, recalcan la cantidad de problemas de corrupción que enfrentan las compañías multinacionales. A medida que las empresas se expanden en otros países, los directores de cuestiones legales como Méan deben lidiar con crecientes variaciones en las normas, costumbres y regulaciones.
Las estadísticas y encuestas indican que las compañías sienten más temor que antes a quedar involucrados en casos corrupción en el exterior. Investigadores de grandes economías como Alemania y Francia activaron sus casos debido a la presión internacional, lo que derivó en pesquisas de alto perfil en empresas como Siemens y Thales.
Las compañías se están dando cuenta de que ellas podrían ser el próximo blanco de investigación. Los abogados y contadores aseguran que están trabajando mucho más para garantizar a las empresas de que se se están aplicando los sistemas adecuados para evitar que el personal viole las leyes relacionadas con fraude, sobornos y lavado de dinero.
Un problema para las multinacionales son los agentes e intermediarios. Las empresas no quieren pasar por la misma experiencia que BAE Systems, el fabricante de armas británico que todavía es investigado por múltiples hechos de corrupción. Las compañías que operan en industrias notoriamente corruptas, como energía y construcción, son más vulnerables debido a sus relaciones con terceras partes. Las petroleras, por ejemplo, tienen cientos y hasta miles de contratos firmados con proveedores de servicios, algunos de los cuales mantienen contacto con funcionarios públicos.