En materia de producción y exportaciones agro-industriales, se observa un divorcio entre políticas comerciales y resultados económicos que probablemente sea bastante único en la historia de nuestro país. Un colega marciano (para llamarlo de alguna manera) que sólo analiza nuestras estadísticas comerciales (tasa de crecimiento), puede inferir razonablemente que Argentina promueve eficientemente estas exportaciones y que las mismas no enfrentan dificultades en los mercados internacionales (ver infografía).
Otro colega que sólo analiza las políticas comerciales puede inferir también con sentido común que, debido a que el Gobierno discrimina contra estas exportaciones y que los principales mercados están muy protegidos (protección agrícola en la UE y Japón es más de tres veces superior al promedio de Argentina), nuestro país no puede ser un exportador dinámico de productos agro–industriales.
¿Como se racionaliza este divorcio entre políticas y resultados? En parte, la explicación radica en la fuerte ventaja comparativa de nuestro país y en parte, en los cambios ocurridos en la estructura de la demanda internacional por estos bienes. El hecho más destacado, está relacionado con el reciente proceso de aceleración del crecimiento económico de los países en desarrollo y el consiguiente aumento de su demanda por importaciones. En este sentido, se menciona a menudo el importante rol que está jugando China pero las exportaciones a otros destinos, también están mostrando un comportamiento muy dinámico (cuadro 1).
La lógica económica nos lleva a inferir que si nuestro gobierno y el de los países industriales discriminaran menos contra la producción y exportaciones de estos bienes, su crecimiento hubiera sido aún más dinámico. Dado el poderoso lobby agrícola de los países industriales (80% de los subsidios apropiados por el 25% de las propiedades agrícolas más grandes), cada día que transcurre sin avances en las negociaciones de Doha (o en las negociaciones regionales con países desarrollados), disminuye la probabilidad que de estas surja una reforma importante del proteccionismo agrícola. Que los gobiernos de estos países promuevan políticas funcionales a estos intereses, representa un acto de miopía económica interna y multilateralmente, dado que el mayor porcentaje de personas pobres vive en áreas rurales, representa un serio obstáculo para el logro de los objetivos del milenio en materia de reducción de la pobreza mundial. Lo que estamos observando es una colisión entre hipocresía y valores morales.
Pero si así son las cosas, nuestras propias políticas deben irse adaptando al objetivo de mantener y profundizar nuestras exportaciones a los mercados más dinámicos y, fundamentalmente, a los países en desarrollo. Respecto a las políticas relacionadas con las negociaciones internacionales, destaco en primer lugar que China aparece como un país crecientemente abierto a nuestras exportaciones agro–industriales. Por otra parte, los acuerdos regionales firmados por los países industriales proteccionistas con países en desarrollo representan una política cuyos efectos discriminatorios sobre nuestras exportaciones debieran ser vigilados muy de cerca, porque es acá donde corremos los riesgos más importantes de perder mercados para nuestros productos agro–industriales.
Respecto a nuestros derechos de exportación, no me caben dudas sobre el rol central que han jugado en recrear y sostener nuestro equilibrio macroeconómico, ni de los importantes beneficios dinámicos y sociales que este equilibrio está teniendo sobre nuestra economía. La reducción gradual de estos derechos debe ser programada en función de mantener este equilibrio y de otras dos realidades. Primero, que de manera sistemática y por varias décadas, períodos de elevados precios agrícolas han sido siempre seguidos por bajos precios y la tendencia de largo plazo ha sido fuertemente negativa. Segundo, el hecho de que estos derechos deprimen los ingresos agrícolas y por lo tanto, aumentan la incidencia de la pobreza rural que como he dicho en esta columna, está seriamente subestimada por nuestra metodología oficial de medición.
Con respecto a los ajustes coyunturales a esta política, el tema es aún más controversial. Emitir señales que los derechos aumentarán ante incrementos coyunturales de precios, desincentiva las exportaciones y las inversiones sectoriales. Sobre este tema, es de interés señalar que a pesar de la reciente suba de precios de los productos lácteos, durante 2004 y 2005, los mismos se ubicaban por debajo del promedio de los 90 (cuadro 2). De acuerdo a estas cifras, la demanda externa no parece estar influyendo con más fuerza sobre nuestro nivel de precios que lo que lo hizo durante los últimos 15 años. En un contexto de normalidad de precios de largo plazo, mantener la inflación bajo control debiera ser responsabilidad del Banco Central y no de políticas comerciales ad–hoc.
