El Gobierno emitirá el Banco Nación un pagaré a 35 años por casi $ 1.500 millones para reestructurar parte de la deuda que el Estado Nacional mantiene con la entidad. La medida fue oficializada ayer mediante la Resolución 688 del Ministerio de Economía que se publicó en el Boletín Oficial con la firma de la titular del Palacio de Hacienda, Felisa Miceli.
La resolución no especifica cuál era el monto original de la deuda a reestructurar, aunque se estima que la quita a aplicar será similar, del orden del 60%, a la que la Nación hizo a los acreedores en el reciente canje a nivel internacional. De hecho, el pagaré que el Gobierno girará al Nación tendrá características similares al bono Par en pesos que emitió Argentina en su reciente reestructuración.
La norma establece que el pagaré tendrá un valor nominal de $ 1.466,57 millones con fecha de emisión 31 de diciembre de 2003. El título –que no será negociable– tendrá un plazo de 35 años, es decir que vencerá a fines de 2038, y se ajustará por el CER, que sigue la evolución de la inflación minorista.
“En forma consisten con la mencionada operación (el canje de deuda), las autoridades consideraron conveniente realizar una propuesta en condiciones similares al Banco Nación,para reestructurar deudas que el Estado mantiene con dicha institución , se explican en los considerandos de la resolución.
Los intereses del pagaré serán crecientes. Del 0,63% hasta el 2,48% en el vencimiento, en 2038. Con una amortización del capital en 20 cuotas semestrales arrancando en 2029. Por los cupones ya vencidos el Nación recibirá $ 22 millones en efectivo.
La deuda a reestructurar incluye obligaciones ya refinanciadas años atrás y otros pasivos “en moneda extranjera asumidos por el Banco Nación por operaciones de comercio exterior de empresas y otros organismos del sector público que fueron avalados por el Tesoro. Concretamente, se refiere a los pasivos originados por Ley de Emergencia Administrativa de 1989, denominada “ley Dromi , que dio pie a la privatización de casi todas las empresas de servicios públicos. También incluye la ley de Privatización de Empresas de Defensa de 1991, y las leyes que decretaron la privatización del Banade y la Caja de Ahorro, y la posterior transferencia de sus pasivos al Nación. Además de los pasivos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados, avalados por el Ministerio de Economía.