El envío al Congreso de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para modificar el presupuesto del ejercicio 2006 provoca sensaciones encontradas. Por un lado, resulta muy positivo que las autoridades nacionales hayan decidido utilizar los mecanismos ordinarios constitucionales para incorporar excedentes de recursos públicos por encima de los presupuestados. En ejercicios anteriores, ante situaciones similares, el Ejecutivo recurrió al uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), excluyendo al Congreso de la asignación de esos fondos públicos adicionales. En esta oportunidad, al convocar a los legisladores a discutir el destino de más de 11.000 millones de pesos por encima de los originalmente presupuestados, el Ejecutivo revierte el proceso de deterioro institucional en materia presupuestaria observado en los últimos años, decisión que merece ser destacada.

Un optimismo menor despierta el contenido del proyecto de ley. De los 11.549 millones de pesos de ingresos adicionales, que representan un incremento de 11,4% respecto al presupuesto original de recursos, el Ejecutivo propone destinar $ 10.815 millones (94% del aumento de recursos) a incrementar los gastos, reservando sólo $ 734 millones para mejorar el resultado fiscal.

Más preocupante aún resulta observar que con los $ 734 millones adicionales aportados por la enmienda, el resultado financiero presupuestado para todo 2006 asciende a $ 5.462 millones, casi $ 2.000 millones por debajo del superávit de $ 7.440 millones votado por el Congreso. Este resultado se produce porque el modesto aumento del superávit contenido en el proyecto de ley no alcanza a compensar el deterioro que provocaron en las cuentas del presupuesto las medidas de incremento de gastos tomadas por el Ejecutivo a lo largo del ejercicio (superpoderes mediante), y que redujeron el superávit presupuestado en casi $ 3.000 millones.

¿Cómo se justifica el incremento del gasto solicitado? El proyecto pone el acento en los mayores gastos en remuneraciones y pasividades, y describe un listado de 25 medidas recientes que impactaron sobre los gastos en salarios y jubilaciones, y que no estaban contempladas en el proyecto original.

Se incorpora también un importante refuerzo al presupuesto del Ministerio de Planificación Federal, destinado a gastos de funcionamiento, planes de vivienda, Dirección Nacional de Vialidad, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), mayores transferencias a empresas ferroviarias y aerocomerciales, al Fondo Unificado Eléctrico, al Fondo Eléctrico de Transporte, y otras destinadas a la construcción y ampliación de gasoductos.

En la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro, que recibe un incremento de $ 969 millones, se amplían las transferencias al Sistema de Medios Públicos, al Ferrocarril Belgrano, a Enarsa, AySA, y al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. El Congreso recibe $ 60 millones adicionales, y la Jefatura de Gabinete $ 23 millones, asociados a gastos en publicidad y propaganda.

En síntesis, frente a un escenario económico más benigno al proyectado, el Ejecutivo le informa al Congreso que contará con recursos adicionales por 1,9% puntos del PIB, y le propone incrementar los gastos para llevarlos 2,2% del PIB por encima de los originalmente votados, modificando el superávit fiscal presupuestado de 1,2% a 0,9% del PIB.

La Argentina está creciendo a un ritmo acelerado, sostenido en condiciones locales e internacionales que pueden cambiar en el futuro. Las crisis recurrentes del pasado nos han enseñado la importancia de contar con finanzas públicas ordenadas, y de ahorrar en épocas de vacas gordas para contar con recursos cuando el ciclo económico cambia de signo. En este sentido, una estrategia de mínima prudencia fiscal debería conducirnos a ahorrar una porción considerable de los ingresos excedentes que brinda la coyuntura económica favorable, pero ésta no parece ser la alternativa que impulsa el Poder Ejecutivo en este caso. Son los legisladores nacionales quienes tendrán la última palabra.