Cuando los reguladores financieros de 27 países se reunieron en la ciudad suiza de Basilea en septiembre de 2010 y acordaron obligar a los bancos del mundo a mantener más y mejor capital, los banqueros y políticos aseguraron que el acuerdo marcaba un hito. El compromiso, conocido como Basilea III, iba a ser la primera de muchas medidas apuntadas a crear un sistema global más seguro, más justo y mejor vigilado, y un baluarte contra otra crisis como la de 2007-08.

Pasaron dieciocho meses y no queda demasiado claro cuál es el avance. Si bien todos concuerdan en que los mercados deberian ser más fáciles de controlar y ningún banco puede ser "demasiado grande para quebrar", muchos países están presentando propuestas contradictorias. Hasta con respecto al capital de los bancos, la unidad está desapareciendo: las autoridades de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos ahora se acusan entre sí de suavizar o demorar los estándares más estrictos.

"Es evidente que la unidad global ya no existe", comentó Simon Gleeson, socio del estudio jurídico británico Clifford Chance. "Eso demuestra que necesitamos un mayor grado de coordinación internacional que la que tenemos actualmente".

La falta de armonía confunde y es costosa para los bancos, que gastan miles de millones de dólares en prepararse para cumplir con varias regulaciones y temen no poder competir con rivales extranjeros regidos por normas menos rígidas. "Es una sangrienta pesadilla. Los reguladores no se tienen ningún respeto entre sí. Cada país se mira a sí mismo", comentó un experto en regulaciones que trabaja para uno de los bancos más grandes del mundo, refiriéndose a lo que sienten sus pares en otras cinco instituciones globales.

Mayores aún que las complicaciones para el sector mismo son los potenciales costos para el mundo en general. Se suponía que la nueva regulación global apuntaría a evitar que una futura crisis financiera afectara fuertemente el crecimiento económico de tantos países, muchos de los cuales todavía no logran recuperarse. Pero como el proceso supuestamente coordinado está mostrando señales de convertirse en proteccionismo y batallas legales entre países, será difícil acordar normas entre compradores y vendedores y entre tomadores de préstamos y ahorristas. Eso, a su vez, podría afectar la competencia y elevar el costo de todo, desde hipotecas para la vivienda hasta los complejos contratos de derivados que gobiernos y empresas usan para protegerse de los aumentos de precios.

Hay funcionarios de Tokio, Londres y Ottawa que ya advierten que sus mercados de bonos soberanos corren peligro por una norma de Estados Unidos apuntada a restarle riesgo a los bancos, y las aseguradoras británicas temen que una nueva regulación de la UE los perjudique en Asia.

Peor aún, la meta final de mejorar la estabilidad financiera también podría quedar fuera de alcance. La cooperación es crucial para resolver los problemas causados por las operaciones de los grandes bancos multinacionales y el arbitraje regulatorio, donde los riesgos simplemente cruzan fronteras nacionales e ingresan en partes menos reguladas del sistema financiero. Antes de la crisis financiera, los hedge funds, los fondos del mercado de dinero y entidades de propósito especial conocidos como "la banca en las sombras" alcanzaron los u$s 50 billones en activos (presentan una cuarta parte del sector financiero total); y los problemas en segmentos del sector bancario en la sombra ayudaron a desbaratar a los bancos tradicionales. Estudios recientes indican que el sector de la banca en la sombra volvió a sus niveles anteriores a la crisis.

Algunos reguladores y políticos sostienen que si nos concentramos sólo en la falta de armonía nos estamos perdiendo el panorama general. Desde 2009, líderes del Grupo de los Veinte países industrializados y en desarrollo se reúnen anualmente y reafirman su compromiso frente a una serie de reformas financieras. La mayoría de los miembros propuso atar el salario de los oficiales de banca al riesgo y exigir que los derivados privados (apuestas entre los dos lados de los movimientos en tasas de interés y tipos de cambio o en los precios de los commodities y títulos valores) se operen en "cámaras compensatorias", donde los riesgos se puedan equilibrar y ser supervisados más fácilmente. La Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), el organismo regulador global responsable de llevar adelante la agenda de reforma del G20, también impuso a 29 "instituciones financiera sistémicamente importantes", conocida en la jerga como GSifis, cargos adicionales de capital y les exigió redactar living wills, que son planes que detallan lo que podría hacerse para estabilizarlas o cerrarlas en caso de crisis. El comité de Basilea también ha sido explícito sobre sus planes de exigir que los miembros cumplan con sus promesas sobre capital y liquidez de los bancos; y quienes no cumplan en su totalidad serán deshonrados. Aún ahora, está elaborando los informes sobre cómo se están aplicando las normas.

Pero la industria contesta que el acuerdo de principios y la necesidad de aplicarlos ha sido socavado por las leyes y regulaciones que proponen las naciones del G20.

Pensemos en la compensación centralizada de derivados, un proceso por el cual esos contratos pasan por una institución que los equilibra entre sí y obliga a cada parte presentar una garantía para cubrir potenciales pérdidas. Singapur y Hong Kong dijeron que quieren para fin de año la compensación obligatoria de derivados y que una parte tenga sede en su jurisdicción para fin de año. Eso genera un conflicto con medidas similares que se están por tomar en Estados Unidos y la UE.

A menos que las localidades encuentren una manera de reconocer las cámaras compensatorias de las otras, dos centros podrían reclamar el mismo derivado pese a que pueden compensarse sólo una vez. "Los países o la UE tienden a fijar una legislación que a primera vista implementa compromisos del G20, pero en la práctica no está coordinada con otro países," comentó Michael McKee, abogado de DLA Piper. "Por lo tanto, el resultado es que son más las soluciones contradictorias que los objetivos que se oponen entre sí".

En cuanto a los living wills o "planes de recuperación y resolución", un reciente estudio de Ernst & Young señala que los grandes bancos japoneses ni empezaron con su planificación. La UE este mes admitió que hay que trabajar más sobre las propuestas para "la gestión de crisis y resolución de bancos" prometida desde el último verano boreal.

Los bancos en Estados Unidos y el Reino Unido están un poco más avanzados pero sus experiencias no son tranquilizadoras. Un alto ejecutivo contó que los reguladores norteamericanos advirtieron a la institución global en la que trabaja que no compartiera el borrador de su plan con el Reino Unido, sugiriendo falta de respecto y confianza. "Hay una gran distancia entre los audaces anuncios del G20 sobre soluciones globales y los caóticos detalles prácticos de las autoridades nacionales, que se ocupan de proteger sus propios intereses nacionales", comentó Jon Pain, ex regulador británico y que ahora trabaja en la consultora contable KPMG.

Hasta los requisitos básicos que deben tener los informes se convirtieron en un problema, porque los reguladores de todo el mundo piden más datos que los ayuden a detectar y comprender las posibles amenazas a la estabilidad financiera. Un administrador de fondos de Asia con clientes en Estados Unidos y en la UE puede tener que informar los mismos datos desglosados de diferente manera a por lo menos tres reguladores. "Para nosotros, la fragmentación es un desastre", comentó un ejecutivo de banco que se encarga de hacer lobby. "El acuerdo del G20 es una idea brillante, pero no tiene suficiente fuerza".

El problema va más allá de las diferentes interpretaciones de ese pacto. Los reformistas en Estados Unidos, la UE y el Reino Unido están impulsando reformas individuales que afectarán grupos con casa matriz en otros lugares, lo que saca que quicio a las naciones que optaron por no hacer cambios similares.

Estados Unidos es considerado un "gran infractor" por su ley de reforma Dood-Frank de más de 2000 páginas que incluye una serie de normas que afectan no sólo a los bancos norteamericanos que operan en Estados Unidos sino a las filiales extranjeras de entidades estadounidenses y a las filiales de bancos extranjeros que se operan en Estados Unidos. Japón, Canadá y el Reino Unido están particularmente enfadados porque la "ley Volcker" impide a los bancos apostar su propio dinero, porque temen que pueda minar la liquidez en los mercados de bonos soberanos no norteamericanos. La UE también tiene fuertes críticas. "No es aceptable que las normas norteamericanas tengan tal enorme efecto sobre otras naciones y mercados de capitales extranjeros sin que haya ninguna coordinación internacional", aseguró Michel Barnier, comisionado de servicios.

Del otro lado del Atlántico, muchos temen que las nuevas normas de la UE para los administradores de hedge funds de hecho excluirán grupos que no pertenecen al bloque. Mientras tanto, los reguladores de seguros de la UE insisten en que sus nuevos y más severos requisitos de capital y gestión de riesgos, conocidos como Solvency II, deben aplicarse a las divisiones norteamericanas de las aseguradoras de la UE, una medida que la industria asegura les restará competitividad. Al menos un grupo británico, Prudential, está analizando mudar sus oficinas centrales para escapar de los requisitos mundiales.

Por otro lado, los reguladores asiáticos están despertándose ante el impacto que podrían tener las normas dictadas en Estados Unidos y en la UE en sus mercados y no están particularmente conformes, aseguran abogados y banqueros.

Los esfuerzos mundiales por fortalecer la regulación también están fracturando las relaciones dentro de la UE. El Reino Unido y Suecia están reuniendo otros países para oponerse al plan de la Comisión de evitar que los socios miembro en forma individual promulguen leyes más severas que el estándar de la UE.

Aún cuando los países logran trabajar juntos, el proceso a menudo es más tortuoso de lo que debería ser, aseguran en la industria. Este mes, la Autoridad de Títulos Valores y Mercados Europeos (ESMA, por sus siglas en inglés), el nuevo regulador de toda la UE, evitó un potencial congelamiento de los mercados de crédito al decidir que los bancos podían para fines regulatorios, usar calificaciones emitidas por agencias evaluadoras con casa central en Estados Unidos, Hong Kong y Singapur. La ESMA determinó que la supervisión de las evaluadoras en esos países era "tan estricta" como el proceso en la UE.

Pero los banqueros señalan que ese acuerdo, que se produce menos de dos meses de una fecha límite que habría prohibido el uso de esas calificaciones, es típico de los esfuerzos de armonización. "A menudo, a última hora los reguladores vienen con un compromiso que puede funcionar.... pero uno como firma tiene que dedicar mucho tiempo, esfuerzo y dinero en prepararse para el caso de que el resultado final no sea sensato," señaló un encargado del área de regulación de un banco internacional.