Es sorprendente, inesperado y potencialmente revolucionario. Esa fue la primera respuesta que dieron los abogados al conocer la derrota de Google en los tribunales, un fallo que fija nuevos estándares para la privacidad de los datos personales en Europa.
La conclusión del más alto tribunal de Europa es que ya existe un derecho al olvido en la legislación de la UE y que Google está obligado a respetarlo. Cuando se lo soliciten, la compañía tecnológica debe limpiar sus servidores de todo contenido personal perjudicial o no deseado, aunque esté legalmente publicado en otro lugar.
Las implicancias van mucho más allá de la amenaza al negocio de las búsquedas de Google, que podría recibir pedidos de individuos que quieran eliminar enlaces a comentarios desagradables sobre ellos, órdenes judiciales desfavorables o fotografías incómodas.
El precedente, que se aplica a toda la UE, ahora obligará a Google y otros editores online a repensar totalmente cómo manejan los enlaces a contenido en la web. Este fallo abre la puerta a una censura privada a gran escala en Europa, advirtió James Waterworth de CCIA, un grupo que hace lobby a favor de tecnológicas en Bruselas.
Las consecuencias de la decisión del alto tribunal no sólo afectarán a Google sino que también las búsquedas en medios sociales como Twitter o Facebook.
La primera pregunta es práctica. ¿Se podrá lograr? ¿No aparecerá un inmanejable número de peticiones para borrar contenido? ¿Qué pasa si se copia un video y se publica en otro lugar? ¿Hasta dónde debe llegar Google para eliminar material relacionado?
La segunda pregunta es ética. A Google y a otros motores de búsqueda, como Yahoo o Bing de Microsoft, se les está asignando la función de decidir qué redunda en beneficio de la gente. El tribunal establece que en los casos donde estén involucradas figuras públicas, Google puede cuestionar el pedido de eliminación de datos y presentar el caso a un tribunal o autoridad de protección de datos.
Los defensores de la libertad de expresión se preguntan si deberíamos confiar en que Google remitirá los casos correctos. Pensemos en el caso de un político en ciernes con una condena penal o comentarios públicos desagradables mencionados en un posteo online. ¿Sería correcto censurar contenido porque se convertirá en una figura pública?
También hay dilemas morales sobre las peticiones de personas que no están bajo la mirada del público. ¿Debería la novia de un estafador condenado ser privada del derecho a ver información relacionada con el pasado de él sólo porque Google recibió la solicitud para que esos datos sean borrados de las búsquedas?
Más allá de la pesadilla administrativa que este fallo implica para el mundo tecnológico, hay cuestiones políticas y éticas mayores vinculadas con la libertad de expresión en Europa.
Después de todo, los estados miembro y legisladores de la UE creían que estaban en el medio del debate sobre este polémico derecho al olvido, sus límites y carga práctica.
Si este derecho a la protección de datos ya existe tal como señala el fallo de los jueces del alto tribunal, ¿por qué la Comisión Europea propone que explícitamente sea convertido en ley?
Las tecnológicas que antes temían a las propuestas de Bruselas de revisar las leyes de protección de datos quizás ahora las vean como un camino hacia la salvación. Sin duda empezará un feroz esfuerzo de lobby. Pero inevitablemente habrá un largo período de incertidumbre: dadas las elecciones europeas y un cambio de guardia en la comisión, el trabajo legislativo fuerte comenzará recién el año próximo.