La rigidez del proyecto de ley que puede incluso cerrar empresas acusadas de corrupción contra la administración pública puede tener el efecto inverso en su aplicación, dijo el especialista en derecho público y electoral Guilherme de Salles Goncalves durante la primera audiencia realizada fuera de Brasilia para debatir la propuesta enviada al Congreso en 2010.

De Salles Goncalves comparó el texto que prevé un castigo a las empresas corruptas con la ley de improbidad administrativa, que afecta principalmente a los intendentes. Según el abogado, el exceso punitivo da la ley de improbidad provocó una avalancha de procesos contra los jefes comunales. Cualquier problema se tornó caso de improbidad. Lo mismo puede suceder con esta ley. Todo podrá considerarse corrupción, afirmó, en la audiencia realizada la semana pasada, en San Pablo.

El experto en derecho público y electoral comparó la propuesta de punición a empresas con otra ley, la electoral. La ley electoral es rígida contra las empresas y contra donaciones irregulares, pero a veces no se cumple, comentó. Para De Salles Goncalves, es "preciso tener una gradación" para determinar el castigo. O sucederá como en la ley electoral. Como el juez no puede dar la misma pena para casos muy diferentes, termina no castigando a nadie. No castigar de la misma forma a una empresa que usa prestanombres para financiar candidatos y una firma que dona un poco más allá de lo que puede. Ambas tienen que recibir castigo, pero no de la misma manera, dijo. El exceso puede terminar cayendo en la ineficacia.

En su análisis, ve otro problema. Cree que la ley podrá usarse "para perseguir y eliminar" a empresas que "no sean amigas de la fuerza política de turno".

Para el abogado, la persecución podrá aumentar en los municipios donde el poder político se concentra en pocas personas, como en los intendentes. El letrado se quejó sobre la falta de definiciones acerca de quién fiscalizará a las empresas y dijo que existe riesgo de que en los municipios las comisiones de control se compongan a partir de indicaciones políticas.

El especialista comentó también que reglas rígidas para castigar a empresas podrán tener impacto en el financiamiento de campaña y pueden alejar donadores.

La abogada Claudia Borelli, del estudio Tozzin Freire Abogados, destacó brechas en la ley, que eventualmente pueden perjudicar a las personas físicas. Dijo que, según el texto, una empresa será castigada aunque el empleado que cometió la irregularidad no haya recibido orientación o autorización de sus superiores para hacerlo. El castigo tendrá lugar aunque la ventaja obtenida por el acto de corrupción no beneficie a la empresa. La ley podrá ser usada de una forma equivocada y agresiva, como un arma contra empresas y grupos, comentó la abogada. Es necesario determinar quién va a aplicar la ley y que haya personas extremadamente calificadas para eso, aseguró Borelli.

El gerente de Políticas Públicas del Instituto Ethos, Caio Magri, ponderó las críticas esgrimidas por los abogados y defendió la propuesta en trámite en el Congreso. Será una ley de 'Ficha Limpia' para las empresas, consideró. Las empresas precisan asumir responsabilidades contra la corrupción. Generará un cambio de cultura en las empresas, de gestión, señaló Magri.

Para el relator del proyecto en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini, del Partido de los Trabajadores (PT), la propuesta, en caso de aprobarse, aumentará el control y la fiscalización no solo sobre las licitaciones y contratos del gobierno con las empresas, sino también mejorará la fiscalización tributaria y la fiscalización de las agencias reguladoras. "Vamos a generar una nueva forma de organización dentro de las empresas", dijo.

Zarattini destacó que el proyecto prevé la punición a empresas que practiquen actos de corrupción contra firmas brasileñas y de otros países, adecuando a Brasil a las convenciones internacionales.

El proyecto se debatirá en otras dos audiencias públicas fuera de Brasilia, en Curitiba y Recife. Según el relator del texto, la votación llegará el próximo año.