El ministro interino de Minas y Energía, Marcio Zimmermann, volvió a defender la legitimidad de los criterios adoptados por el gobierno de renovar las conseciones del sector eléctrico por medio de la Medida Provisoria 579/2012.

En una audiencia pública en el Senado, el ministro destacó que la legislación sectorial no permite a las empresas apoderarse ad eternum de los bienes de la Unión. La declaración fue hecha en referencia al fin de los aportes a las plantas generadoras que tuvieran los costos de construcción ya amortizados.

El gobierno argumentó que es precisamente el corte de los pagos de los activos amortizados los que permitirán la reducción de los precios de la energía a los consumidores y a la industria. Las empresas que soliciten la renovación de los contratos, como se contempla en el MP 579/2012, serán remuneradas solamente por los costos de operación y mantenimiento de los servicios.

Zimmermann dijo que el sector eléctrico trabaja con ciclos de largo plazo. Uno de esos ciclos, dijo, terminó para las usinas que pasan por el proceso de renovación de las concesiones. Llegamos al momento previsto desde la adopción del Código de Aguas en 1934, cuando Brasil aprobó el régimen de concesiones.

El debate sobre las concesiones de electricidad está generando debates muy acalorados. Pero el caso se puede simplificar.

El gobierno tiene interés en reducir las tarifas de energía en un 20% a partir del próximo año. Para ello, presentó una propuesta a las empresas. Que consiste en

darles una recompensa, que consiste en la renovación de las concesiones por 30 años, sin licitación, aunque con tasas más bajas. Desde el lado de las empresas, el cambio implica renunciar a ganancias mucho más pulposas hasta el vencimiento de los contratos en 2015 o 2017.

Por eso las empresas hacen las cuentas y tratan de ver si la recompensa de extensión de contratos paga los costos. Y, al parecer, las empresas están concluyendo que el cambio no vale la pena.

Y hay una razón para ello. Al pedirles que las tarifas en el futuro serán un 70% menores, el gobierno hace que el concesionario actual sea el claro favorito para disputar después las licitaciones. Es el que conoce mejor los activos y probablemente sea capaz de obtener el mayor rendimiento con la misma tarifa. Esto debilita la ventaja que ofrece la renovación directa sin competencia.

Las bajas ganancias por la explotación y el mantenimiento del servicio no les es agradable. Pero los ejecutivos de la industria parecen resignados, y algunos han dicho que tienen interés en participar en una subasta en el futuro, incluso con estas tarifas reducidas.

Lo que no quieren es perder ingresos que percicbieron durante años a cambio de una ventaja que no consideran como demasiado relevante. Sobre todo por la posibilidad que tienen de retener las ganancias en el corto plazo y conservar las posibilidades de renovar los contratos de conseción dentro de unos años.

Este razonamiento supone que el gobierno hizo una propuesta que las empresas pueden aceptar o rechazar sin represalias si toman una decisión equivocada desde el punto de vista oficial.

También está la cuestión de la indemnización por los activos no amortizados.

Este punto es importante porque la oferta del gobierno está muy por debajo de lo que las empresas esperan recibir y que debe conducir a amortizaciones multimillonarias.

Sin embargo el valor que ofrece hoy el gobierno debe estar muy cerca de lo que el gobierno está disputesto a pagar voluntariamente en 2015 o 2017, al término de la vigencia de las concesiones. La Aneel dijo a Valor que el método de cálculo es el mismo, pero que la indemnización debe ser menor, porque hay más depreciación allí.

Si esto es verdad, este punto no debe influir en la decisión de las empresas.

La única pregunta en este caso es por que la empresa optaría por renunciar a la renovación del contrato para discutir ese valor. Si se mantiene la subvención hasta el final, es probable que tenga problemas para conseguir una mayor remuneración, pero puede tratar de hacer valer sus derechos ante los tribunales.