En esta noticia
La tensión diplomática entre España e Israel escaló este domingo tras el anuncio del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, de prohibir la entrada a dos integrantes del Ejecutivo español: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego.
La medida llega en respuesta al paquete de nueve disposiciones anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel, al que acusa de cometer un "genocidio" en Gaza.
El Gobierno español reaccionó con firmeza. En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó de "inaceptable" la decisión israelí y rechazó de manera "tajante" las "falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo" dirigidas hacia España.
Exteriores rechaza las acusaciones de antisemitismo
El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, fue categórico en su respuesta: "El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles, así como la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España".
En el mismo comunicado, se recalcó que el Ejecutivo "no se dejará amedrentar" en su defensa de la paz. Además, se subrayó que las medidas impulsadas por Sánchez "responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional".
Las nueve medidas anunciadas por Sánchez contra Israel
Pedro Sánchez detalló en La Moncloa las acciones inmediatas que aplicará España para aumentar la presión sobre Israel:
Aprobación de un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel, con la prohibición "legal y permanente" de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar.
Prohibición de utilizar puertos españoles para los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.
Veto en el espacio aéreo español a las aeronaves de Estado que transporten material de defensa con destino a Israel.
Prohibición de entrada en España a todas las personas que participen de forma directa en el "genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra" en Gaza.
Veto a la importación de productos procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.
Limitación de servicios consulares a los ciudadanos españoles que residan en asentamientos ilegales, reduciéndolos a la mínima asistencia obligatoria.
Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina, incrementando los efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE en Rafah y desarrollando nuevos proyectos de cooperación en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.
Aporte adicional de 10 millones de euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
Incremento de la ayuda humanitaria y cooperación para Gaza, que alcanzará los 150 millones de euros en 2026.
Sánchez justificó la decisión asegurando que España condena los ataques de Hamás, pero diferenció entre legítima defensa y castigo colectivo: "Apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar, pero con la misma convicción distingue entre proteger tu país y bombardear hospitales o matar de hambre a niños y niñas inocentes".
En línea con su postura histórica, el Ejecutivo reiteró su compromiso con la convivencia entre Israel y Palestina. Según Exteriores, España defiende la existencia de ambos Estados "que convivan en buena vecindad y se garanticen mutuamente la paz y la seguridad".
