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La decisión del Gobierno de impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes ha generado un intenso debate político y social en las últimas horas. En redes sociales se ha difundido la idea de que la medida busca “engordar el censo electoral” y captar nuevos votantes de cara a futuras elecciones.
Sin embargo, el marco legal español establece límites muy claros sobre quién puede votar. El punto de partida es el artículo 2 de la Constitución, que establece que “el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad”, lo que excluye a los residentes legales de origen extranjero.
Para entender el alcance real de la regularización y su impacto electoral, es necesario diferenciar entre regularización, nacionalización y los supuestos específicos que recoge la legislación vigente.
Regularizados: qué derechos adquieren y por qué no pueden votar
Los inmigrantes que obtengan la residencia legal a través del Real Decreto que tramita el Gobierno no podrán votar en las elecciones generales ni en las autonómicas. Así se deriva de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que limita el derecho de sufragio a quienes tienen la nacionalidad española.
La LOREG sí contempla el voto en elecciones municipales para inmigrantes con residencia legal, pero solo bajo condiciones muy concretas. El artículo 176 establece que deben proceder de países con convenio de reciprocidad, haber residido de forma legal e ininterrumpida en España durante al menos cinco años, estar empadronados e inscritos en el censo electoral.
En las elecciones municipales de 2023, estos acuerdos de reciprocidad incluían a ciudadanos de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago, con algunas excepciones en los plazos de residencia.
Nacionalizados: cuándo se puede votar en todas las elecciones
Los extranjeros que adquieren la nacionalidad española sí pueden votar en todas las elecciones, siempre que sean mayores de edad y no estén inhabilitados para el sufragio. La clave está en los plazos necesarios para obtener esa nacionalidad.
Según el artículo 22 del Código Civil, el plazo general es de diez años de residencia legal. Este período se reduce a cinco años para quienes tengan la condición de refugiado y a dos años para ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes.
Esto implica que los inmigrantes regularizados ahora no podrán votar en las próximas elecciones generales, previstas a priori para 2027, ya que la regularización no equivale a la nacionalización.
Ley de Memoria Democrática: quiénes votan y en qué elecciones
La Ley de Memoria Histórica de 2007 y su ampliación en la Ley de Memoria Democrática de 2022 permitieron a descendientes de exiliados y emigrantes españoles solicitar la nacionalidad. Una vez concedida e inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), pueden votar en elecciones generales.
No obstante, estas personas no pueden votar en elecciones municipales, ya que no están adscritas a una localidad concreta en España. El plazo para solicitar la nacionalidad por esta vía se cerró el 21 de octubre, tras una prórroga que generó un alud de solicitudes.
A 1 de diciembre de 2025, del millón de expedientes iniciados, aproximadamente la mitad habían sido resueltos con concesión de la nacionalidad, mientras que las denegaciones no llegaban al 2% del total.
El voto inmigrante y los bulos en redes sociales
En redes sociales se ha difundido que los 500.000 inmigrantes que podrían beneficiarse de la regularización podrán votar en las próximas elecciones generales. Es un bulo. La regularización permite obtener permiso de trabajo y residencia, pero no otorga la nacionalidad española.
Tal y como establece el artículo 13 de la Constitución y el artículo 2 de la LOREG, los extranjeros residentes en España no pueden votar en elecciones generales ni autonómicas si no tienen la nacionalidad.
Sobre el comportamiento electoral, el profesor de Ciencia Política de la UNED Carles Pemies señala que “votan mayoritariamente a la izquierda, salvo venezolanos y cubanos”, y subraya que “las leyes son las que son y los procesos de regularización hay ahora y ha habido en el pasado y eso no cambia la forma en de cómo se nacionaliza o se vota”.
No obstante, Irene Montero ha abierto un frente que la Constitución habí saldado y que ahora impacta en la discusión. La dirigente de Podemos, aseguró:“Claro que sí, queremos que voten, hemos conseguido papeles, ¡regularización ya!”, mientras avanzó su intención de impulsar cambios legales -una posible modificación de la CN- para facilitar el acceso a la nacionalidad y al derecho al voto.