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El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de libertad presentada por Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y en prisión provisional desde el 30 de junio, al considerar que persiste un riesgo de destrucción de pruebas en el marco del caso Koldo.
La decisión fue adoptada por el juez Leopoldo Puente, en línea con la postura de la Fiscalía y de la acusación popular. Cerdán había solicitado el pasado 8 de septiembre su excarcelación, tras más de 70 días en prisión preventiva, alegando que la investigación busca "incriminar actividades propias de la participación política"
El magistrado ha determinado que "no ha llegado todavía el momento de ponerlo en libertad", aunque apuntó que previsiblemente la medida no se prolongará más allá de seis meses y que incluso podría levantarse antes si desaparecen las causas que la justificaron.
Indicios económicos bajo la lupa
En su resolución, Puente sostiene que aún no han concluido las pesquisas sobre la situación patrimonial de Cerdán, señalando discrepancias entre sus declaraciones tributarias y el origen real de determinados ingresos bancarios.
Las incongruencias en la investigación han obligado a recabar informaciones complementarias, recientemente incorporadas a la causa.
El magistrado también advierte de la necesidad de profundizar en los vínculos económicos entre Cerdán y la empresa Servinabar 2000, administrada por el empresario Antxon Alonso, igualmente investigado. Según el auto, la complejidad de los análisis documentales aumenta el riesgo de que se puedan ocultar o alterar pruebas.
A esto se suma la investigación de las posibles relaciones económicas o personales entre Cerdán, Servinabar y representantes de Acciona, lo que añade nuevos frentes al caso y refuerza, a juicio del tribunal, la conveniencia de mantener la medida cautelar.
Posibles delitos y pruebas clave
El magistrado considera que persisten "motivos más que bastantes" para pensar que el exdirigente socialista pudo haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Entre los indicios más relevantes figuran unos audios cuestionados por la defensa de Cerdán, en los que el propio político reconocería explícitamente el cobro de comisiones ligadas a adjudicaciones de obras públicas.
Según la investigación, en esas grabaciones también se habla de pagos a otros implicados y del compromiso de reclamar cantidades todavía pendientes.
Una investigación que aún está abierta
El juez Puente subrayó que se trabaja "arduamente" en el esclarecimiento de los hechos, pero que la instrucción no ha concluido ni siquiera en sus aspectos esenciales. Por ello, estimó que la liberación de Cerdán en este momento podría poner en riesgo el avance de las diligencias.
Mientras tanto, la defensa del dirigente socialista insiste en que la prisión provisional responde a una instrucción "sin límites", dirigida a cuestionar decisiones políticas. Sin embargo, por ahora, la Sala mantiene que los indicios y las circunstancias de la causa justifican la prórroga de la medida cautelar.